En conferencia de prensa, la vicemandataria explicó que hace poco más de 10 meses se empezó el camino para la búsqueda de una normativa enfocada en este tema, cuando el Gobierno acudió al Legislativo para abordar esta situación y plantear la propuesta.
Se trata –detalló la autoridad- del decreto 3-2025, que busca la prevención y sancionar la trata con una medida contundente, por lo cual marca un paso más en la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Solo en el 2023 y 2024 se procesó a más de 15 personas por delitos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes en el sistema penitenciario, señaló Herrera, bioquímica de profesión.
Esto ocurrió –criticó- por la falta de los controles indispensables en el mismo para evitar que la niñez y la adolescencia sean víctimas de trata.
Consideró que esa tragedia no debe repetirse y “por eso decidimos tomar acción conjunta con el Ejecutivo y estrechar esos lazos de colaboración con el Parlamento y también unir esfuerzos con la sociedad civil”.
Con esta ley se pondrá orden en las prisiones, acotó, mediante controles estrictos y en tal sentido darán seguimiento a las visitas y se creará el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes.
Esperamos que si se detecta uno el mismo pueda ser juzgado y llegarse a una sentencia en el sistema de justicia, subrayó la vicepresidenta desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.
Junto a la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y el sistema penitenciario daremos ese seguimiento estricto para garantizar la buena implementación de estas medidas, amplió.
Esta normativa envía un mensaje claro y eso es lo que queremos que se comprenda en todos los rincones del país y en este caso en las cárceles, en todas las personas que forman parte de ellas, agregó la vicemandataria.
Quienes sean responsables de dañar la dignidad de una niña, de un niño o un adolescente en el sistema penitenciario tendrán que estar dispuestos a recibir o a enfrentar las consecuencias de ese acto ilegal que cometieron, insistió.
Este segmento de la población merece crecer libre de violencia y con esta acción reafirmamos el compromiso de la actual administración de Guatemala con este mandato, concluyó la funcionaria.
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