Al decir del responsable, la UE “no entrará en una carrera desreguladora con Estados Unidos”, pero sí prevé acometer una simplificación normativa que reduzca “drásticamente” las cargas para las empresas.

En opinión de analistas, Dombrovskis dijo algo bien cierto: los vientos de desregulación por este lado del Atlántico anteceden a las recientes iniciativas del Gobierno norteamericano, bajo la conducción del presidente Donald Trump.

Pese a los argumentos oficiales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales cuestionan que la agenda de simplificación de la UE llegue a ofrecer los beneficios prometidos.

Bajo el título “El lado oscuro de la desregulación en la UE”, el sitio digital Project Syndicate publicó un artículo del profesor Alberto Alemanno, el cual alerta sobre el previsible desmantelamiento del marco regulatorio para el desarrollo sostenible, tan cuidadosamente negociado en años recientes.

La idea de estimular el crecimiento económico mediante la reducción de trámites burocráticos para nada resulta inédito, la novedad ahora es la decisión de la Comisión Europea de promover su agenda desreguladora mediante un mecanismo legislativo controvertido y opaco: la ley ómnibus, señaló el académico.

No obstante, el comisario de Economía del bloque aseguró este viernes que “nuestras propuestas no promoverán los beneficios privados conseguidos gracias a externalidades negativas ni minarán los objetivos sociales o medioambientales, pero serán ambiciosas.”

Las iniciativas ómnibus que la Comisión pretenden reducir las barreras para la competitividad de las firmas europeas frente a las compañías chinas o estadounidenses, abundó Dombrovskis en una conferencia organizada aquí por el Foro Nueva Economía.

La primera de esas propuestas llegará el próximo 26 de febrero y estará centrada en las normas de sostenibilidad corporativa, confirmó el funcionario.

Según afirmó, la intensa actividad reguladora de los últimos cinco años generó una “acumulación de cargas que crean un volumen de demandas para ciudadanos y empresas que congelan la innovación, desalientan la inversión y alientan que la actividad económica se vaya a otras jurisdicciones”.

Algunas de las economías más potentes de mundo están adoptando enfoques regulatorios “diametralmente opuestos a los que con razón ha perseguido la UE”, alegó.

Para preservar nuestra prosperidad y nuestra seguridad, señaló, “no tenemos más elección que confrontar estas nuevas realidades externas”.

No obstante, activistas sociales consideran que la oleada desreguladora podría limitar el cumplimiento de funciones básicas del Ejecutivo comunitario; entre ellas la regulación de la economía de la UE y la definición de políticas para la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos.

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