De acuerdo con el análisis, la dependencia de ONU recibió 89 alegaciones de posibles masacres en el transcurso del calendario precedente, de las cuales 72 fueron verificadas y 17 fueron consideradas no concluyentes, lo que refleja una disminución del 27 por ciento respecto del número de reportado un año antes.

Asimismo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2024 fueron desplazadas 51 mil 623 personas, lo que representa una caída del 18 por ciento en comparación con el periodo anterior.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, por su parte, dio cuenta del asesinato de 33 excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP) el pasado año.

Dicho guarismo, detalló el informe, constituye una disminución del 31 por ciento respecto a 2023.

En este punto remarcó el análisis que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta el cierre de 2024, perdieron la vida de manera violenta 441 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres.

Asimismo, el Acnudh recibió 191 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

En 89 casos se verificó que la persona defendía derechos humanos y que existía un vínculo entre su muerte y su labor, en 33 casos se verificó el carácter de persona defensora pero no se pudo determinar el nexo causal del homicidio con su labor, y en 69 se consideró que no había información concluyente.

Sobre este tema apuntó el informe que, por segundo año consecutivo, se registró una disminución, esta vez del 15 por ciento, en el número de casos verificados en relación con 2023.

Por otra parte, concluyó el reporte que 138 mil 419 personas fueron confinadas en 2024, lo que representa un aumento del 58 por ciento si se le compara con el año anterior.

Pese a la mejora de algunos indicadores, la oficina de ONU remarcó que la presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y sus estrategias violentas de control social continúan impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios.

Sugirió al Gobierno, entre otras cuestiones, implementar de forma integral y efectiva la Política de Seguridad a nivel territorial y armonizar el Plan Estratégico Sectorial con el contenido de esa directriz.

También recomendó incluir como punto central en los diálogos y negociaciones con actores

armados no estatales el acceso irrestricto del Estado en los territorios para garantizar

la protección de derechos de la población civil.

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