Así lo expresó la ministra de Justicia Hanna Arayaselassie al intervenir en el segmento de alto nivel de la 58 Sesión del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que inició este lunes en Ginebra, Suiza, y agradeció la elección de Addis Abeba como miembro de ese organismo intergubernamental.
Arayaselassie enfatizó que el mandato del país africano en el Consejo será una oportunidad para contribuir significativamente a los esfuerzos globales en materia de derechos humanos, colaborar con naciones amigas y abordar los desafíos emergentes.
Sobre las acciones nacionales, mencionó los avances del gobierno etíope en el cumplimiento de su promesa 75 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
Esta última es una iniciativa cuyos tres objetivos principales se centran en la universalidad, el progreso y el compromiso bajo la dirección del organismo intergubernamental, junto con sus socios y socias.
De igual manera, la ministra africana subrayó la participación activa de Etiopía en el proceso del Examen Periódico Universal, donde presentó su Informe Nacional del Cuarto Ciclo y recibió 316 recomendaciones.
Reiteró el compromiso de implementar las recomendaciones aceptadas como parte de su dedicación constante al avance de los derechos humanos.
Otros aspectos destacados durante la intervención fueron los esfuerzos para promover la paz, la reconciliación nacional y la justicia de transición. Sobre esta última, precisó que está destinada a fomentar la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la reconciliación.
Junto a esa estrategia, agregó, avanza el diálogo nacional con el objetivo de construir un consenso de base amplia y estable para una paz duradera. De cara al futuro, Arayaselassie describió como áreas prioritarias para el papel de Etiopía dentro del Consejo de Derechos Humanos mejorar la sinergia entre los mecanismos nacionales, regionales y de las Naciones Unidas.
Asimismo, abogar por la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, además de apoyar los derechos de los grupos, incluidos los de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las comunidades marginadas afectadas por el racismo y la discriminación.
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