Los legisladores aprobaron así un informe no vinculante de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes, que fiscalizó las acciones de instituciones públicas en el caso de los menores.

Inicialmente, esa mesa legislativa recomendaba iniciar un juicio político contra Loffredo, pero la presidenta de la Comisión, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana (RC), argumentó que ya existe un proceso de ese tipo en marcha y tendría más impacto responsabilizarlo políticamente.

Según Correa, el funcionario habría cometido varios errores en torno a este caso, incluido el hecho de no responder con claridad sobre las capacitaciones a militares en temas de derechos humanos, así como un pedido de disculpas donde amenazó a una jueza.

El texto, aprobado con el visto bueno de 66 legisladores, determinó que lo ocurrido a los chicos de Las Malvinas no es un hecho aislado, sino que existen reiteradas violaciones a los derechos humanos en el contexto de militarización del país.

La asambleísta señaló que tras la declaratoria hace un año del conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales, se registraron al menos nueve casos de desapariciones forzadas y quince casos de ejecuciones extrajudiciales.

El 8 de diciembre de 2024 Saúl Arboleda (15 años), los hermanos Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años) y Steven Medina (11 años) fueron detenidos por una patrulla de uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y nunca más volvieron a sus hogares.

“Este caso pudo ser evitado si la patrulla militar hubiese conocido y respetado los protocolos para proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad de los niños”, apuntó Correa.

Los cadáveres de los chicos fueron encontrados el 24 de diciembre y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.

Los 16 militares involucrados en este caso recibieron una orden de prisión preventiva.

El hecho ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.

Por otro lado, la legisladora oficialista Valentina Centeno reconoció la necesidad de hacer justicia, pero dijo que no podían permitir el uso de una tragedia como esa para hacer campaña política con miras a la segunda vuelta electoral, en la cual Noboa se enfrenta a Luisa González, de la RC.

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