Después de una marcha desde la Corte Suprema de Justicia, en la céntrica Plaza de la Constitución, a nombre del grupo Feliciana Macario leyó un comunicado emitido por las organizaciones que se sumaron a las actividades.

Reconoció que los espacios de diálogo con el gobierno están abiertos; sin embargo, señaló que, transcurrido un año desde el anuncio público de la creación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación, sigue sin aprobarse.

Ello significa –amplió- que van más de cinco años sin que se entregue una sola medida de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Aún no se crearon los planes de búsqueda de desaparecidos, así como de preservación de los archivos y difusión de la memoria histórica, subrayó Macario ante los presentes.

“Mientras tanto, se aprobó una ampliación presupuestaria para seguir pagando a los militares que participaron en los crímenes del pasado”, remarcó.

Esta es una ofensa en la memoria de los miles de víctimas desaparecidas y masacradas, consideró.

Exigió al presidente Bernardo Arévalo que apruebe urgentemente el acuerdo gubernativo para crear el Plan Nacional de Dignificación y Reparación, al igual que los programas de búsqueda de personas desaparecidas.

También al sistema de justicia que dé marcha atrás en cuanto a las resoluciones en casos relacionados con el conflicto en los cuales se ha beneficiado a implicados en hechos atroces, puntualizó.

En el marco de la caminata, los participantes se detuvieron en el área donde se encuentra la plaqueta del líder estudiantil Oliverio Castañeda, masacrado en el lugar el 20 de octubre de 1978.

Autoridades indígenas realizaron luego en la Plaza Central una ceremonia maya en memoria de las víctimas.

Ek 25 de febrero de 1999 se entregó en esta capital el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala.

La investigación responsabilizó del 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente al Ejército.

La guerra civil desatada en esa etapa dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos en este territorio centroamericano, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

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