Ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional (Parlamento) que analiza el tema, de la Gasca afirmó que desde 2008 el Estado ha desembolsado unos 160 millones de dólares para financiar campañas electorales de los partidos en medios de comunicación.

Según el funcionario, el Estado no puede ser un gran artífice que subvencione ineficiencia y distorsione la democracia participativa, cuando ese dinero puede ser usado para otros sectores, como la salud.

Cuestionó que en las más recientes elecciones, donde participaron 16 candidatos presidenciales, solamente “tres o cuatro candidatos tuvieron una votación significativa».

Noboa, actual mandatario y aspirante a la reelección, propuso modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución, los cuales establecen que los partidos políticos recibirán asignaciones estatales sujetas a control.

Existe polémica en cuanto al asunto, pues algunos legisladores y analistas señalan que eliminar el financiamiento público podría debilitar a los partidos más pequeños o nuevos, mientras que los grandes movimientos podrían consolidar aún más su dominio en el panorama político.

A su vez, sin financiamiento estatal, las campañas podrían depender más de contribuciones privadas, ser más desiguales y propiciar posibles influencias de grupos económicos o intereses particulares.

La iniciativa de Noboa ya tuvo el aval de la Corte Constitucional y debe pasar un primer y segundo debates en la Asamblea Nacional, a partir del análisis en la Comisión Ocasional.

De aprobarse en el pleno parlamentario, pasará a una nueva revisión de la Corte para finalmente someterlo a votación popular.

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