En su habitual conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el canciller Javier Martínez -Acha sostuvo la víspera una reunión con Giuseppe Loprete, jefe de la misión de la OIM en el istmo, para constatar su labor en ese proceso.

Mulino admitió no obstante que iniciará una investigación sobre los reclamos de los 112 migrantes deportados de Estados Unidos que permanecen en el campamento San Vicente, en la provincia de Darién , quienes solicitan asistencia legal y acceso a abogados, lo cual se le ha negado.

A preguntas de los comunicadores, el mandatario precisó de otra parte que el Ejecutivo no ha organizado una gira de medios a esa zona en la selva fronteriza con Colombia, sin ofrecer más detalles.

También comentó que se están utilizando otras vías, como la marítima, para repatriar a viajeros ilegales, sobre todo de nacionalidad venezolana, la mayoría, debido a que no existen relaciones diplomáticas con Caracas.

Aunque Mulino no hizo referencia al asunto, se conoció que este jueves 180 migrantes embarcaron en tres buques en un puerto del Caribe con destino a la frontera con Colombia, en lo que aparentemente es una nueva ruta oficial para agilizar de forma segura el flujo migratorio en el viaje de retorno a Suramérica.

La trayectoria concluye en La Miel, pueblo que colinda con Cabo Tiburón, donde está ubicado el hito geográfico que divide a Panamá de Colombia, una travesía que en otras embarcaciones sigue hacia Necoclí, ya en el país suramericano, trascendió.

Mulino ofreció como es tradicional datos del Servicio Nacional de Migración y afirmó que en febrero han ingresado por la jungla unas 410 personas, lo que significa una reducción del 96 por ciento en relación con el mes de enero, cuando lo hicieron dos mil 229 viajeros ilegales.

De los 299 deportados desde Estados Unidos dijo que ya 113 abandonaron el istmo, 16 viajan este jueves, y otros 58 están en el proceso de compra de pasajes.

Los 112 que permanecen en San Vicente, Darién, agregó, se someten a un proceso de regularización de sus documentos de identidad, muchos de los cuales no poseían y de esa manera continuar viaje a sus naciones de origen.

En este flujo a la inversa hacia Suramérica, subrayó el jefe de Estado, Panamá coopera con la vecina Costa Rica y hasta la fecha ha transportado a unos dos mil 200 personas, de ellas medio centenar de menores de edad.

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