Al criticar la falta de prioridades de la Asamblea Legislativa puertorriqueña, la docente indicó que gracias a un reciente estudio del Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR, en Río Piedras, se conoce que un 25 por ciento del estudiantado entrevistado sufre inseguridad alimentaria.

Mientras, dijo, un 29,6 por ciento vive con inseguridad de vivienda, 96 estudiantes estaban sin hogar al momento de responder la encuesta, y 9,0 por ciento ha experimentado algún grado de sin hogar.

Para el 53 por ciento de los entrevistados, la razón principal para dejar de estudiar se debe a asuntos económicos, estableció Santos en un artículo en el diario El Nuevo Día.

“La desconexión entre las prioridades políticas de turno y las necesidades reales de la población afecta particularmente a los sectores más vulnerables, como el estudiantado universitario, que enfrenta el desafío de la precariedad institucionalizada”, subrayó la profesora.

El estudio evidencia la urgencia de fortalecer políticas institucionales que garanticen el bienestar de los estudiantes y los proteja de la pobreza.

“Nuestros estudiantes requieren condiciones materiales adecuadas para poder educarse; el acceso a una alimentación saludable y una vivienda segura son derechos fundamentales y determinan el éxito académico”, expuso.

A juicio de la profesora Santos, los universitarios necesitan también materiales académicos, transportación y servicios de apoyo y orientación.

“Mientras el aparato legislativo dedica tiempo y recursos a debatir sobre la libertad religiosa —un derecho ya protegido constitucionalmente— o sobre restricciones a derechos como el aborto, o sobre estrategias para desreglamentar y facilitar el despojo de los bienes naturales y culturales del país, se desatienden problemas vitales como la seguridad alimentaria y de vivienda”, planteó.

Santos recordó que el “hambre silenciosa” que aquejaba a los estudiantes en 2014, quedó documentada entonces por El Nuevo Día, evidenciada en las drásticas reducciones del financiamiento de la UPR desde el año 2009.

También se menciona la congelación de la fórmula de financiamiento a partir de la Ley 66 de 2014 que pretendía atender la crisis fiscal, han provocado la eliminación de recursos esenciales para la vida universitaria, afectando a quienes dependen de esta como principal espacio de estabilidad.

“Es necesario repensar la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales en el contexto universitario y en nuestro país, (pues) la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda no pueden considerarse problemas individuales, sino desafíos estructurales que requieren soluciones integrales”, afirmó la académica.

Precisó que existen múltiples caminos para fortalecer el acceso equitativo a la educación, entre ellos, la creación de una política institucional de seguridad alimentaria, comedores que garanticen alimentación adecuada, la reapertura de residencias estudiantiles —cerradas desde hace décadas— y el diseño de estrategias de apoyo económico y retención que respondan a las necesidades reales del estudiantado.

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