El Tribunal Contencioso, Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar la solicitud elevada por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) con el respaldo de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, señala un comunicado de prensa.
La declaración del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) informa que esta es la segunda resolución judicial sobre el tema en favor del Estado y contra el movimiento obrero que impulsó la demanda, defendida por sectores del ICE y varios legisladores.
El Tribunal ratificó “la validez y conformidad del Decreto Ejecutivo con el ordenamiento sectorial de las telecomunicaciones, el cual establece medidas de ciberseguridad para la implementación de las tecnologías móviles del tipo 5G”, lo cual causó el rechazo de trabajadores y técnicos del ICE.
Las medidas cautelares contra el decreto del ejecutivo fueron solicitadas por el FIT y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines, en su condición de tercer interesado, respaldados por la citada diputada Castro Mora.
Esas instituciones –admite el comunicado del Micitt- buscaban suspender la aplicación de varios artículos del decreto, bajo la alegación de posibles daños a los trabajadores del ICE y a la libre competencia.
Una de las opositoras al decreto contra las 5G procedentes de China, la auditora general del ICE Ana Sofía Machuca, fue despojada en las últimas horas de su visa por el gobierno de Estados Unidos, lo cual sectores obreros atribuyen a dicha posición.
La cancelación del visado por Estados Unidos a ciudadanos costarricenses es “un grave atentado contra nuestra soberanía y libertad de expresión”, declaró este miércoles la funcionaria.
“Esto debería llevarnos a un estado de alerta instintivo y a cuestionarnos con firmeza qué está ocurriendo realmente detrás de esos hechos», añadió Machuca, al convertirse en la tercera funcionaria costarricense en perder su visado por orden de Washington.
La auditora del ICE, cuyo “pecado” sancionado por Estados Unidos fue igual que el de las legisladoras, defender investigaciones por contratos con Huawei y el proceso 5G vinculado a China, aclaró que sus labores desde 2017 estuvieron ajenas a presiones externas o políticas.
Machuca reconoció que “igual hemos denunciado e investigado hechos presuntamente irregulares en torno a algunos contratos que se adjudicaron a Huawei”.
La autoridad del ICE añadió que alrededor del proceso de despliegue de 5G también localizó anormalidades como tráfico de influencias en nombramientos clave, interferencias políticas sobre decisiones técnicas y comerciales y en la emisión de decretos que favorecen a actores privados.
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