Este jueves, la Asamblea aprobó el proyecto en un primer debate y la iniciativa regresó a la Comisión Ocasional creada para analizar el tema, que deberá preparar otro informe para ser discutido en un segundo y definitivo debate en el pleno parlamentario.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Gissela Garzón, que está al frente de esa mesa legislativa declaró a la prensa que una de las alternativas es que la comisión pida una prórroga.
Señaló que deberían ser los próximos legisladores, que asumirán el 14 de mayo venidero, quienes conformen una nueva comisión y avancen con el informe para el segundo debate, no obstante, aclaró que eso depende del pleno.
En la nueva Asamblea, que asumirá luego de los comicios del pasado 9 de febrero, la RC tendrá la mayor cantidad de curules, pero insuficientes para lograr mayoría.
Sin embargo, podría aliarse al movimiento Pachakutik para negar el cambio constitucional e impedir el establecimiento de bases militares extranjeras.
En octubre de 2024, el presidente Noboa envió esa propuesta a la Asamblea, luego del pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional sobre la iniciativa del mandatario de modificar el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición a las bases foráneas.
En caso de que el Parlamento apoye en dos votaciones la iniciativa para autorizar la presencia militar foránea en el país, la ciudadanía deberá luego votar en un referendo.
La Coordinadora por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia (CPAZ) se pronunció en contra de la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y anunció una campaña digital para defender la soberanía, la dignidad y el derecho a decidir el futuro de la nación.
Además, CPAZ junto al movimiento global Un Mundo Más Allá de la Guerra, inició este jueves una recogida de firmas contra las bases para presentarlas luego a la Asamblea Nacional.
“Las bases militares extranjeras no solo han fracasado en combatir la inseguridad, sino que han profundizado las desigualdades sociales y desviado recursos que podrían invertirse en salud, educación y desarrollo”, aseveró la organización.
El colectivo recordó que la Base de Manta (1999-2009) evidenció los riesgos de la injerencia militar extranjera, incluyendo violaciones a los derechos humanos y la falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico.
oda/avr
