Los trabajadores del Centro Metropolitano de Detención (CMD) se reunieron este viernes para aclarar dudas sobre los cambios administrativos y las órdenes de reducción de personal impartidas por el gobierno de Estados Unidos.

“La administración de Trump pidió a todas las agencias federales que hagan un plan para reducir la cantidad de empleados, pero el pedido que tienen ellos no dice cuáles agencias están exentas”, manifestó Jorge Rivera, presidente de la Local 4052 de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, siglas en inglés).

El dirigente gremial consideró que “muchas de esas directrices, que están ya vigentes, no aplican, en gran parte, a las agencias que son de ley y orden”.

“A veces, vemos que no tienen nada específico, pues, eso trae unas inquietudes a la gente (pues) no saben si nos va a tocar o no nos va a tocar a nosotros y cuáles son las agencias que se consideran más esenciales”, agregó Rivera al diario El Nuevo Día al admitir que el Buró Federal de Prisiones (BOP) “no ha dicho nada” como patrono.

Consideró que “hay muchas preguntas que yo sé que ellos (los trabajadores) tienen, de las cuales yo no tengo mucha contestación; solamente puedo dejarles saber basado en mi experiencia, porque yo llevo 31 años trabajando allí y 30 años representando empleados”.

La Local 4052 del AFGE representa a cerca de 220 empleados sindicados del MDC en Guaynabo, incluyendo guardias penales y los manejadores de casos, aunque al momento ningún trabajador de la prisión ha sido despedido.

Además de discutir y responder preguntas, Rivera recordó que hay “unas políticas, unas directrices, unas normas y un convenio que siguen vigentes”.

Sin embargo, reconoció que el historial de Trump ha sido tomar las decisiones que él quiere y dejar que le demanden aquellos que no estén de acuerdo. Por eso, están monitoreando los recursos judiciales que ya se han entablado, en múltiples estados, por diversas acciones del presidente, incluyendo las cesantías.

“Estamos monitoreando todos esos casos, pero, al fin y al cabo, yo pienso que el presidente de Estados Unidos está esperando que tenga la oportunidad de llevar el caso a la Corte Suprema, que la tiene a su favor”, sostuvo Rivera, quien recordó que, en la primera administración de Trump (2017-2021), se priorizó a las prisiones privadas.

En este sentido no descartó que eso vuelva a suceder ahora, y que estas instituciones se dediquen a recibir las personas inmigrantes indocumentadas, que también están en la mirilla de la administración federal de Trump.

Los empleados federales cuestionaron el permiso que recibieron para arrestar a personas migrantes, cuando no tienen el entrenamiento para ello ni reciben una compensación.

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