Según datos preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), actualizados hasta el 2 de marzo, en los dos primeros meses del año se contabilizaron 347 asesinatos, cifra inferior a los 441 reportados en el mismo lapso de 2024.
El balance publicado este lunes por el Sepol destaca una tendencia sostenida a la baja desde 2022, cuando se anotaron 665 homicidios en el primer bimestre del año.
En 2023, la cifra descendió a 543 y en 2024 se situó en 441, consolidando así una reducción progresiva en los últimos tres años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, subrayó el informe.
Las autoridades de seguridad atribuyeron esta tendencia a la implementación de diversas estrategias, entre ellas el estado de excepción parcial, el cual permitió fortalecer los operativos en zonas con alta incidencia delictiva generada por maras y pandillas.
“Estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para devolver la paz y la seguridad a la población hondureña”, expresó el ministro de Seguridad de la nación centroamericana, Gustavo Sánchez.
En los próximos meses se espera un refuerzo de las medidas para mantener la tendencia a la baja en la criminalidad, lo cual contribuyó a que el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela) y San Pedro Sula salieran del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, recordó el reporte policial.
“Hay mucho por hacer, pero es obvio que vamos por el camino correcto. Ya en este 2025 hay un 21 por ciento de reducción del crimen en comparación con el año de menor incidencia en las últimas dos décadas”, remarcó el titular de Seguridad.
Honduras cerró 2024 con una tasa de homicidios de 26,8 por cada 100 mil habitantes, la más baja en las últimas dos décadas, de acuerdo con estadísticas oficiales.
El gobierno defiende que la extensión del estado de excepción parcial, puesto en marcha en diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios del país, es una herramienta legal esencial para enfrentar la criminalidad causada por las maras y pandillas.
Esos grupos delictivos dominan algunos barrios con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
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