Mediante una publicación en el Diario de CentroAmérica, órgano del Gobierno, trascendió el cambio al artículo 21 referido a la entrada a las prisiones, en razón de prevenir que los menores sean víctimas de explotación sexual.
Detalló que las autoridades de los centros comprobarán que el cónyuge, conviviente o pareja para pasar a una visita íntima tenga la mayoría de edad, para lo cual crearán e implementarán un Sistema Único de Registro y Control.
Este –según la normativa- surtirá efecto en un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cuya responsabilidad recae en la dirección general del Sistema Penitenciario.
La vicepresidenta del país, Karin Herrera, explicó aquí que hace poco más de 10 meses se empezó el camino para la búsqueda de una Ley enfocada en este tema, cuando el Ejecutivo acudió al Legislativo para abordar tal situación y plantear la propuesta.
Se trata –puntualizó la autoridad- del decreto 3-2025, enfocado en la prevención y sancionar la trata con una medida contundente, por lo cual marca un paso más en la protección de los menores.
Solo en el 2023 y 2024 se procesó a más de 15 personas por delitos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes en el sistema penitenciario, señaló Herrera, bioquímica de profesión.
Esto ocurrió –criticó- por la falta de los controles indispensables en el mismo para evitar que la niñez y la adolescencia sean víctimas de trata.
Esperamos que si se detecta un caso, el mismo pueda ser juzgado y llegarse a una sentencia en el sistema de justicia, remarcó la vicemandataria.
Junto a la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y el sistema penitenciario daremos ese seguimiento estricto para garantizar la buena implementación de estas medidas, aseveró Herrera.
Instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales identifican cada año en Guatemala cientos de víctimas de este flagelo, entre ellas adultos y menores.
Informes señalaron redes de tráfico y explotaciones sexual, extracción de órganos y tejidos humanos, trabajos o servicios forzados, entre otras, incluso con participación de miembros del sistema penitenciario.
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