La medida que arropa al Plan Control Territorial (PCT) de 2019 es vista como la política estrella del gobierno, que le permitió reducir el índice de asesinatos hasta 1.9 por cada 100 mil personas.

Este 27 de marzo la normativa cumple tres años y desde su aplicación las autoridades capturaron a cerca de 87 mil pandilleros y presuntos colaboradores, ocuparon logística incluidas armas de fuego, vehículos y miles de celulares, entre otras.

Tras esta nueva extensión, tres garantías constitucionales se mantienen suspendidas hasta el 5 de abril de 2025.

Las medidas en suspenso están contempladas en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

Al realizar esta nueva petición de ampliación, el gabinete de seguridad del Gobierno justificó que las maras o pandillas adoptan nuevas formas para buscar un resurgimiento.

En ese sentido alegó que para sobrevivir, entre otras acciones, tratan de reclutar niños, niñas o adolescentes, especialmente en instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas.

La medida, como es casi una tradición, fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), dos abstenciones de Arena y un voto en contra de la diputada de Vamos.

“En algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”, planteó Bukele en declaraciones a la revista Time en agosto de 2024.

Mencionó que podría darse “a la brevedad posible” pero hasta ahora nada indica que eso pueda ocurrir a corto plazo.

rc/lb