En la audiencia inicial, que tardó más de media hora en instalarse, demora debida a los controles policiales para el ingreso a la sala instalada en el presidio para altos funcionarios en el que el exgobernante se encuentra desde diciembre de 2022.

“No puedo someter a mi abogado a un juicio donde todo está arreglado, por lo que es una pantomima”, aseveró, argumentando la recusación a la jueza Norma Carbajal, por no ser imparcial ya que adelantó opinión al rechazar uno de los recursos de Castillo contra el proceso.

Castillo manifestó también que sus coacusados, tres excolaboradores y tres oficiales de la Policía Nacional, nada tienen que ver con el mensaje que lanzó el 7 de diciembre de 2022, decretando la disolución del Parlamento y la intervención del sistema judicial, expresando lo que llamó el deseo del pueblo.

El presidente del tribunal de la Corte Suprema, José Neyra, rechazó las expresiones del exmandatario, alegando que el acusado no podía hacer un discurso político y se ratificó la decisión de asignar un abogado de oficial al acusado.

Castillo también rechazó al defensor asignado que, según las normas procesales, está a su disposición para que use sus servicios en cualquier momento del juicio, que se desarrollará en tres audiencias por semana.

La Fiscalía pide 34 años de cárcel para Castillo, lo que el jurista y exministro Justicia de su gobierno, Alejandro Salas, consideró desproporcionado, teniendo en cuenta que su decreto no se hizo efectivo.

La acusación pide 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez y el extitular del Interior, Willy Huerta, así como 15 años para el exconsejero presidencial Aníbal Torres y 25 años para cada uno de tres oficiales de Policía acusados de coautoría.

Cientos de seguidores del exgobernante se concentraron desde muy temprano ante el presidio, coreando arengas, ante una barrera compacta de policías antimotines que les impedía acercarse a la puerta de la cárcel, la cual intentaron forzar, suscitándose algunos roces.

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