En una asamblea ciudadana, realizada este jueves en la sede la Casa de la Cultura, representantes del Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) entre otros grupos, denunciaron la concesión de ese bloque estratégico.

David Almeida, secretario de la Antep, reveló inconsistencias en las cifras oficiales sobre la renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país.

De acuerdo con Almeida, si todo lo que ha hecho el gobierno con relación a la adjudicación de Sacha, fuese beneficioso para el país, no tendría que hacerlo a escondidas.

Sobre el comunicado del presidente Daniel Noboa en el cual fija el 11 de marzo como fecha límite para que el consorcio Sinopetrol pague la prima de mil 500 millones de dólares, Almeida señaló que esa podría ser una «salida elegante» del Gobierno para no entregar el yacimiento.

No obstante, advirtió que «hay intereses de otros capitales en hacerse con Sacha».

Por su parte, el abogado Washington Andrade anunció acciones legales por presuntos delitos que se cometerían si se firma el contrato, de peculado, traición a la Patria, corrupción y fraude procesal.

Finalmente, en medio de gritos de “Sacha no se vende, Sacha se defiende”, los presentes decidieron convocar a un tuitazo el próximo 10 de marzo y a una movilización nacional el 11 de ese mes, día que Noboa puso como límite para acceder a la firma del contrato.

El Ministerio de Energía y Minas anunció la adjudicación del campo petrolero Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, al consorcio extranjero Sinopetrol, conformado por las compañías Amodaimi y Petrolia, filial de New Stratus Energy, una empresa con sede en Canadá.

La adjudicación se realizó la noche del viernes 28 de febrero, vísperas de un largo feriado por carnaval.

El campo petrolero Sacha es considerado la joya de la corona y aporta alrededor del 16 por ciento de la producción petrolera del país.

Actualmente, el Estado controla el total de la producción de Sacha, sin embargo, con el nuevo esquema, Ecuador recibirá entre el 12,5 por ciento y un máximo del 26,5 por ciento de la producción, y esto último sólo si el precio del barril de crudo alcanza 120 dólares.

El Gobierno justificó la necesidad de concesionar la operación y exploración del campo debido a las condiciones en que se encuentra, oxidado y con problemas de infraestructura, lo cual fue rebatido por Almeida.

En su opinión, “una corona oxidada”, como dijo el Gobierno que era Sacha, no puede producir 77 mil barriles diarios, los datos contradicen el relato del Ejecutivo que desde septiembre de 2024 inició el proceso a escondidas.

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