De Moraes es el relator en la corte del caso que trata de la denuncia de la Fiscalía General sobre una trama golpista en 2022 para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado ya había negado la petición de los abogados de Braga Netto, pero ellos presentaron una apelación.

Una vez más, De Moraes rechazó la extensión del plazo y de esa manera, el equipo tiene hasta mañana para responder a la inculpación.

Además, la defensa volvió a alegar no tener acceso a todos los documentos necesarios.

Sin embargo, el ponente respondió que los juristas que ya tienen «amplio acceso a las pruebas ya documentadas, incluyendo las pruebas mencionadas en la denuncia».

Lo mismo sucedió con la defensa del exmandatario Jair Bolsonaro, también denunciado por la Fiscalía General por la tentativa golpista.

El staff jurídico del exgobernante pidió 83 días para responder, tiempo utilizado por el Ministerio Público para elaborar la denuncia.

Hasta la noche de este jueves tiene Bolsonaro para responder a la querella.

La expectativa es que esto ocurra cuando el exjefe del Ejecutivo regrese a Brasilia, al final del día, pues pasó la fiesta de carnaval en Angra dos Reis, municipio del estado de Río de Janeiro, con aliados.

La Policía Federal señaló en noviembre a Bolsonaro como presunto responsable de orquestar y dirigir los actos ejecutorios del fallido plan violento, que incluía intentos de asesinar a Lula, al vice Geraldo Alckmin y a De Moraes.

Según la fuerza del orden público, Braga Netto habría jugado un papel clave en estos hechos.

El oficial de alto rango intentó manipular detalles proporcionados por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador en la indagación, incluso después de la liberación de este último en septiembre de 2023.

Bolsonaro, Braga Netto y otras 32 personas fueron acusadas de los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

Si la denuncia es aceptada por el STF, los implicados se convertirán en acusados y pasarán a responder a un proceso penal en la corte superior.

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