Panamá ante intereses geopolíticos en compra de puertos

Ciudad de Panamá, 6 mar (Prensa Latina ) Diversos analistas alertan hoy en Panamá sobre intereses geopolíticos tras la compra por el consorcio estadounidense BlackRock de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por CK Hutchison, basificada en Hong Kong, China. Con un valor estimado de 22 mil 800 millones de dólares, esta operación por concretarse el próximo 2 de abril cambia el panorama del comercio global y reconfigura la competencia en un sector que se considera altamente rentable.

El negocio portuario es uno de los más codiciados a nivel mundial debido a su capacidad de generar ingresos estables a largo plazo y las altas barreras de entrada , que incluyen costos de infraestructura, regulaciones estrictas y la necesidad de concesiones gubernamentales a largo plazo .

Es por eso que la venta de una cartera tan grande de puertos en una sola transacción no solo es inusual, sino que representa una oportunidad única para BlackRock y sus socios de consolidar su presencia en el comercio global.

Las negociaciones se llevaron a cabo con una rapidez inusual.

El diario La Prensa indica que en cuestión de días y mediante reuniones virtuales y llamadas telefónicas, se cerró el acuerdo en principio con BlackRock y sus socios Global Infrastructure Partners (GIP) y Terminal Investment Limited (TIL), negociación que dominaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había vuelto a amenazar con retomar el Canal para finiquitar un supuesto control de China.

En ese sentido señala que CK Hutchison tomó esta decisión debido a una combinación de presiones financieras y políticas, pues en los últimos cinco años, la empresa china ha sufrido una caída del 40 por ciento en su valor de mercado.

Por otro lado se suma la creciente presión política, ya que antes de su llegada al Despacho Oval, el magnate republicano manifestó su intención de reducir la influencia de China en el sector portuario , especialmente en el Canal de Panamá.

El matutino de circulación nacional incluso citó al periódico británico Financial Times , cuando asevera que Trump fue avisado de la transacción en una reunión privada, lo que refuerza la teoría de que este acuerdo tiene implicaciones geopolíticas más allá del aspecto comercial entre dos empresas.

En ese sentido, ubican la operación no solo como un cambio de manos en la propiedad de puertos estratégicos, sino que también se enmarca en la competencia global entre Estados Unidos y el gigante asiático.

En los últimos años, Washington ha intentado contrarrestar la creciente influencia china en América Latina, y el sector portuario, clave para el comercio internacional, se ha convertido en un punto de disputa.

En Panamá, la relación de CK Hutchison con el gobierno ha sido duramente cuestionada. La empresa opera los puertos de Cristóbal y Balboa , y su contrato de concesión fue extendido por 25 años sin mejoras en las condiciones para el país , a pesar de que la decisión se tomó después de la expansión del Canal de Panamá y en medio de dudas sobre la transparencia de la compañía.

A la fecha, en la Corte Suprema de Justicia existen dos demandas pendientes, una de ellas por inconstitucionalidad contra el contrato de concesión.

También similar recurso reposa en el Supremo contra la prórroga a la concesión portuaria.

Aún no está claro cómo la compra por parte de BlackRock afectará estos procesos ni si se modificarán los términos de la relación entre el operador y el Estado panameño.

La entrada de BlackRock podría significar cambios en la relación con el Gobierno, pero también deja abierta la interrogante de si se mantendrán las condiciones actuales de la concesión o si habrá una renegociación.

El Ejecutivo panameño en un breve comunicado se ha limitado a decir que la venta por parte de una empresa china a una estadounidense de dos puertos en el canal de Panamá, es un trato «entre compañías privadas».

En el mensaje desde Palacio de las Garzas se agrega que la auditoría que realiza la Contraloría General a la filial a cargo de las terminales marítimas «debe continuar hasta su finalización» y el resultado de esas acciones “será un factor importante por parte del Gobierno Nacional respecto de una nueva relación con el concesionario”.

También precisa que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Marítima de Panamá estarán vigilando que el acuerdo cumpla todas las regulaciones y leyes del país.

Al respecto, organizaciones populares invocan a la transparencia y exigen que toda deliberación que el Estado haga sobre este asunto debe ser pública y que las decisiones no afecten la soberanía en detrimento del país.

Para muchos el negocio de navegación y transporte marítimo atrae cada vez más miradas y bolsillos de socios e inversores a nivel global, y luego de las amenazas de Trump de recuperar el principal activo económico del istmo, ahora está en juego más allá del Canal, el control de la estratégica posición geográfica.

mem/ga

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