Organizaciones sociales anunciaron una movilización para el 11 de marzo, cuando saldrán a las calles a exigir la anulación del proceso, mientras diversas figuras políticas y gremiales emprendieron acciones legales y de protesta contra la entrega del yacimiento.

El secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), David Almeida, advirtió que el contrato no favorece al país, ya que reduce la participación estatal a un rango de 12,5 a 26,5 por ciento de la producción, en dependencia del precio del crudo, mientras el consorcio extranjero absorbe la mayor parte de los beneficios.

En medio del feriado de carnaval, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa justificó la necesidad de concesionar la operación y exploración del campo debido a que está oxidado y con problemas de infraestructura, lo cual fue rebatido por Almeida.

En su opinión, “una corona oxidada”, como dijo el Gobierno que era Sacha, no puede producir 77 mil barriles diarios.

La candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana (RC), que se enfrentará a Noboa en balotaje el próximo 13 de abril, prometió revertir la adjudicación si llega al poder y argumentó que el contrato se hizo al margen de la ley.

Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial, también se pronunció en contra de la concesión y llamó a exigir a organismos como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó una acción de protección para frenar la adjudicación, mientras el colectivo Yasunidos criticó al Gobierno por favorecer intereses privados en detrimento de los recursos nacionales.

La asambleísta Sofía Espín, de la RC, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto tráfico de influencias y posible peculado en la adjudicación de Sacha, un acto que calificó como “el mayor atraco petrolero del siglo”.

En medio de las críticas, el presidente Daniel Noboa emitió un comunicado en el cual fija el 11 de marzo como fecha límite para que Sinopetrol pague la prima de mil 500 millones de dólares.

A eso se suma que en redes sociales circularon denuncias que la empresa llamada El Ordeño, vinculada a la familia del mandatario, estaría vinculada a Amodaimi, pues en los registros de la Superintendencia de Compañías, aparecían con el mismo teléfono de contacto.

Sin embargo, El Ordeño declaró que no tiene ninguna relación o vinculación con Amodaimi y Noboa también negó los vínculos de su familia con esa entidad.

Si bien ese tema centró la atención, esta semana también el presidente Noboa extendió por 30 días más el estado de excepción vigente en siete provincias, y las intensas lluvias provocaron que el número de muertes por las precipitaciones subieran a 16 y los afectados a más de 77 mil.

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