“Ha declarado cuarto intermedio (receso) hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves 20 de marzo (…) Sin embargo, el día de hoy (lunes) se ha avanzado con las pruebas testificales del Ministerio de Gobierno”, afirmó el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, en declaraciones a la prensa.
A esta altura, se informó, el tribunal de juicio debe fijar una posición sobre el recurso de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Camacho en contra del delito de terrorismo, uno de los ilícitos por los que es procesado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la demanda.
Respecto a este asunto, el ministro de Justicia, César Siles, sostuvo que la eventual decisión del TCP no será retroactiva y que se tendrá una sentencia condenatoria en el caso Golpe de Estado I.
Subrayó que “el tipo penal debe ser adecuado, es cierto. Pero va a regir para lo venidero. Y respecto al delito de terrorismo, estaba vigente y está vigente en este momento; al momento de los hechos, se aplicará el tipo penal vigente”, ratificó entrevistado por el canal estatal Bolivia Tv.
Aclaró el titular que la aceptación de ese recurso es parte de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, como consta en su informe acerca de la violencia durante el golpe de estado que desembocó en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y en los días posteriores.
Este expediente fue activado mediante una acusación de la exdiputada Lidia Patty, y se refiere a los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera ilegalmente la presidencia.
La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.
Según la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
El acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que no respaldaran al entonces presidente Evo Morales, en medio del golpe de Estado que culminó con la renuncia del exmandatario.
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