Varias entidades de derechos humanos, incluido el Observatorio Sirio de DD.HH. indicó que las nuevas víctimas fueron registradas en las localidades de las provincias costeras de Tartous y Latakia, y que entre los muertos hay mujeres y niños que fueron asesinados a sangre fría en sus propias casas o sacados en grupos y ejecutados en las calles.

De acuerdo con el Observatorio, el número de masacres en el litoral y la cordillera occidental siria ascendió a 47 desde la escalada desatada por los ataques de militantes alauitas el 6 de marzo contra las fuerzas de los Ministerios del Interior y de Defensa sirios, que dieron lugar al inicio de asesinatos, ejecuciones sobre el terreno y operaciones de limpieza étnica.

El mayor saldo de muertos fue registrado en Latakia con 658, seguida por Tartous con 384, mientras 171 fueron asesinados en Hama y 12 en Homs.

Estos crímenes se producen contra la comunidad alauita, en medio de constantes asesinatos en masa, quemas de viviendas y desplazamientos forzados, en ausencia de cualquier intervención internacional para detener estas masacres.

De acuerdo con los reportes de los medios de prensa, una relativa tranquilidad prevaleció durante las últimas 24 horas en la región costera en medio de medidas tomadas por el actual gobierno en Damasco para contener la situación de violencia.

Los enfrentamientos estallaron el jueves pasado después de que exmilitares atacaran a una patrulla de las fuerzas de seguridad en la localidad de Jableh, en Latakia, lo que desencadenó la mayor ola de violencia después de que miles de integrantes de facciones islamistas, algunos yihadistas de nacionalidades extranjeras, entraron a las localidades en las provincias de Tartous, Latakia y Hama, donde cometieron asesinatos masivos a sangre fría.

La Presidencia siria creó hoy una comisión nacional independiente para investigar las violaciones cometidas y esclarecer las causas y las circunstancias, además de identificar a los responsables para procesarlos.

Asimismo, fue emitida otra resolución presidencial que estipula la formación de un Comité Superior de la Paz Civil.

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