De acuerdo con el funcionario, se buscará decretar una serie de normas en el marco de las competencias gubernamentales en asuntos que tienen que ver con convenios internacionales que fueron previamente ratificados por el país y por el Congreso.

La medida sería adicional a la celebración de una consulta popular que anunció durante la víspera el presidente Gustavo Petro, para que el pueblo decida si desea o no la implementación de las reformas sociales de su Gobierno.

La aprobación del proceso depende de la anuencia de la Plenaria del Senado, órgano que tiene 30 días para pronunciarse sobre el contenido de la consulta.

Sobre este tema, Sanguino acotó en entrevista a Blu Radio que se trabajará en formular interrogantes claras para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre aspectos clave de la reforma laboral.

“Vamos a tener que escoger asuntos que son sustanciales y tendremos que convertirlos en preguntas para los ciudadanos”, aseguró.

Si el Senado negara la posibilidad de realizar esa pesquisa, enfatizó, se corroboraría el argumento planteado por el presidente de que en el Congreso hay sectores interesados en un bloqueo institucional al Gobierno y a sus iniciativas.

De recibir la consulta popular el visto bueno por la Plenaria del Senado, la Registraduría debe convocar a elecciones máximo cuatro meses después a la fecha de su aprobación.

Para que el proceso sea válido, según afirman especialistas, deben acudir a las urnas alrededor de 13 millones de personas, que es la tercera parte del censo electoral.

De acuerdo por lo planteado por Petro en su anuncio de la noche de ayer, las preguntas versarían en torno a cambios sustanciales relacionados con el ámbito laboral y a la atención médica en el país.

Si bien la reforma a la salud aún se mantiene con vida en la Comisión Séptima del Senado, se teme que pueda naufragar por cuenta de los mismos ocho legisladores que ayer se adhirieron a una ponencia para archivar la laboral sin siquiera debatirla.

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