En una carta enviada a la Cancillería, a la cual tuvo acceso Prensa Latina, los representantes de los colectivos expresaron su preocupación por la falta de evaluaciones previas sobre los efectos en derechos humanos, colectivos, laborales, el agro y el medio ambiente.

El documento está firmado por la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador y el colectivo Acción Ecológica, mientras que otros grupos y ciudadanos se sumaron en apoyo a la solicitud de la misiva, entre ellos el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ.

Las organizaciones denunciaron que, mientras Canadá publicó una evaluación ambiental inicial y un análisis sobre los impactos en mujeres y diversidades, el Estado ecuatoriano no ha presentado información similar.

En este sentido, recordaron que Ecuador está obligado a cumplir con estándares internacionales, como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen que ningún tratado comercial debe vulnerar los derechos humanos ni la Constitución.

En el documento, dirigido a la canciller Gabriela Somerfeld y al actual titular de Producción, Carlos Zaldumbide, insistieron en la necesidad de evaluaciones previas que sigan un enfoque basado en derechos humanos y de la naturaleza, garantizando independencia y transparencia.

También alertaron sobre los posibles efectos del tratado en la soberanía jurídica del país, especialmente en relación con los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y el Estado, que podrían poner en riesgo normativas nacionales en derechos humanos y ambientales.

El 2 de febrero pasado, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informó el cierre de las negociaciones con la nación norteamericana.

Según datos del Ministerio de Producción, en 2023 Canadá se posicionó como el octavo destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas.

Lo que más exporta Ecuador a Canadá es oro y sus concentrados, aceites crudos de petróleo, cacao, camarones, rosas, mientras que en las importaciones hacia la nación andina figuran cereales, diésel, abonos, hortalizas y papel.

Desde el inicio de las negociaciones grupos de la sociedad civil ecuatoriana cuestionaron el acuerdo, porque aseguran que intensificará la actividad extractiva minera y sus consecuencias negativas para la sociedad y el medio ambiente.

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