De acuerdo con la revista analítica El Periódico de Panamá, con esa decisión, el mandatario incurrió en un acto de desacato a la Constitución y a la ley.

En conferencia de prensa semanal, el gobernante indicó que con el cierre de la mina, cuyos dividendos representaban el cinco por ciento del Producto Interno Bruto, se estaba perdiendo mucho dinero y empleos.

En ese sentido, adelantó que luego de sancionar una proyecto de ley sobre la Caja de Seguro Social, que se encuentra en tercer debate en la Asamblea Nacional (Parlamento), el próximo tema será la reapertura de la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, operaciones rechazadas en protestas populares que estremecieron al istmo hace menos de dos años.

Mulino reconoció que el tema es muy amplio “y hasta escabroso si se quiere” y recordó que hay seis arbitrajes internacionales interpuestos contra el país, los cuales representan millones de dólares por supuestos daños y prejuicios contra la compañía.

Mulino también autorizó que se ponga en marcha la generadora con carbón mineral importado desde Medellín, Colombia, y que permitirá generar 300 megawatts.

Luego de que empiece a funcionar esa planta se unirá al centro nacional de despacho, para que el país cuente con 300 megawatts de electricidad, “con lo que se tendrá más potencia y energía”, remarcó.

Por su parte, la empresa destacó la decisión del gobernante de autorizar la venta de las más de 120 mil toneladas de concentrado de cobre que se almacena en sus instalaciones.

”Los fondos generados por la exportación del concentrado de cobre permitirán continuar con las actividades de preservación del área de la mina”, indicó la entidad en un comunicado.

Al respecto, El Periódico de Panamá, en su editorial, insistió en que ese acto irreverente es causal para el enjuiciamiento criminal penal al jefe de Estado por el Legislativo como responsable del delito de abierto desacato de la decisión judicial contenida en el fallo de inconstitucionalidad del Supremo, el 27 de noviembre de 2023.

Sobre la planta eléctrica, agregó el informativo, se trata de otro desplante, pues el material a utilizar para su puesta en funcionamiento es el más contaminante para generar energía.

Mulino desafía el estado de Derecho y ha puesto en peligro la seguridad jurídica muy a pesar de su juramento de que respetaría esos valores en su acto de investidura el pasado 1 de julio, según explicó el rotativo.

De acuerdo con el medio de comunicación, un grupo de abogados prepara el recurso para interponerlo lo antes posible ante el Parlamento.

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