Mediante un comunicado, la Fiscalía Contra la Corrupción explicó que el propósito es poder realizar la investigación correspondientes por la comisión de delitos de concusión, peculado por sustracción y abuso de autoridad.

Con relación al primero, apuntó, la solicitud se emitió en seguimiento a una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas.

A través de ese mecanismo legal, agregó, llegó información al MP sobre diversas adquisiciones efectuadas en las modalidades de baja cuantía y compra directa, para las cuales se utilizaron empresas inexistentes.

Por otro lado, la petición en contra de Reyna deriva de una pesquisa de oficio por la Fiscalía contra la Corrupción, iniciada por posible sobrevaloración en productos y granos básicos adquiridos.

Con estas acciones el MP refrendó en el texto su compromiso en el combate contra la corrupción, “con objetividad, imparcialidad y en cumplimiento de las funciones constitucionalmente delegadas”, subrayó.

Este flagelo de la corrupción deviene un problema sistémico que salpica desde hace años en este territorio centroamericano a la clase política, empresarial, entre otros, por lo que el actual Gobierno situó su combate como prioridad.

Analistas políticos locales en Guatemala calificaron estas acciones del MP de simple apariencia, cuando muestra pocos avances en casos más profundos y sonados.

Lo señalan asimismo por su abierta oposición al actual Ejecutivo del país, a partir de investigar desde la primera vuelta de votaciones de junio de 2023 presuntas ilegalidades cometidas por el partido de Bernardo Arévalo.

Desde abril del año pasado la Comisión Nacional Contra la Corrupción les entregó más de 200 casos con irregularidades cometidas mayormente por la anterior gestión, sin resultados concretos hasta la fecha, advirtieron.

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