La denuncia impuesta por la bancada del PT en la Cámara de Diputados, se basa en una entrevista periodística dada por el exmandatario, en la cual defendió la intervención externa en el país y difundió información falsa sobre un supuesto acuerdo entre Brasil y China para la construcción de una bomba nuclear.

Bolsonaro declaró que había trasladado esos hechos al equipo del gobernante estadounidense, Donald Trump, como si el republicano fuera la policía del mundo.

La acción en la Procuraduría General de la República es encabezada por el líder del PT en la Cámara baja, Lindbergh Farias, y el diputado Rogério Correia, y fue firmada por otros 25 parlamentarios de la organización política.

Según el documento, al que tuvo acceso Prensa Latina, Bolsonaro, aunque enfrenta una denuncia por golpista, «sigue obstinadamente en la salsa de estafador, difundiendo información falsa… cometiendo reiterados delitos y reforzando, de esta forma, su papel como agente desestabilizador de la democracia y la política nacional».

El texto demanda que sea evaluada la adopción de medidas cautelares eficaces para garantizar la aplicación de la Ley Penal.

Alude como los hechos delictivos fueron ampliamente divulgados por los más diversos canales de comunicación, durante la entrevista concedida por el exmilitar en el aeropuerto de Brasilia a periodistas de las estaciones televisivas CNN Brasil y TV Record.

Señala que, además de difundir información falsa, confesó la práctica de crimen contra la soberanía nacional y defendió explícitamente una intervención extranjera para cambiar los rumbos de Brasil.

«Después de todo, al defender la posible intervención externa para cambiar los rumbos del país, el expresidente solo cambió el modus operandi para consolidar su deseo golpista», refiere la solicitud del PT.

Insiste en que el político ultraderechista antes planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía como objetivo perpetrar un golpe de Estado y abolir el Estado Democrático de Derecho.

Precisa la querella que no se puede perder de vista que conductas iguales también fueron adoptadas por el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien buscó con parlamentarios estadounidenses la imposición de sanciones a Brasil, así como contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

Ante lo expuesto, el PT solicita «la instauración de un procedimiento de investigación criminal para determinar la práctica del delito» y, al final, la oferta de denuncia al Supremo.

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