La medida está circunscrita a la ciudad de Lima y la adyacente región portuaria de Callao, donde en años anteriores han sido objeto parcialmente, sin que la población sienta una mejora de la seguridad o una disminución de los delitos, sobre todo de extorsión y sicariato.

Tal fue la reacción gubernamental ante el asesinato del popular cantante Paul Flores a manos de sicarios, la madrugada de ayer,y ante las mociones de censura parlamentaria al ministro del Interior, Juan José Santiváñez suscritas por congresistas de diferentes bancadas, presentadas por la indignación popular por el crimen.

El congresista de izquierda Jaime Quito, promotor de una de las mociones, comentó que el estado de emergencia no funciona contra la delincuencia, pues durante su anterior vigencia los delitos continuaron y hasta aumentaron.

Similares comentarios hicieron otros legisladores y el exministro del Interior Carlos Basombrío, pese a que la medida de excepción incluye nuevamente la participación de las Fuerzas Armadas, que actuarán para respaldar a la Policía, cuando esta lo solicite.

El decreto, que entrará en vigencia mañana, suprime los derechos constitucionales de reunión, inviolabilidad domiciliaria, libre tránsito y libertad personal.

La advertencia de la presidenta Dina Boluarte a quienes llamó “malditos asesinos”, de considerar la reimplantación de la pena de muerte, fue considerada por legisladores y analistas un anuncio populista de dudosa viabilidad, por compromisos internacionales que proscriben la medida y por lo complicado del proceso de retiro de esos foros.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, aludió tácitamente a la crisis del ministro del Interior, al señalar que hay quienes «petardean la democracia» y hacer un llamado al apego ideológico al sistema vigente.

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