Mediante un video publicado en sus redes sociales, la vicegobernante confirmó que viajó a Ankara con sus recursos para cumplir con el decreto ejecutivo 490 y denunció que el edificio de la vicepresidencia, en Quito, sigue militarizado.
🇪🇨 🇹🇷 AL PAÍS:
Cumplimiento del Decreto Ejecutivo 490 en Ankara, #Türkiye
Pese a que la #Vicepresidencia sigue militarizada, en medio de procesos administrativos irregulares y sin contar con Quipux, correo institucional y otras herramientas que me permitan ejercer… pic.twitter.com/H8wmjwe3g8
— Verónica Abad (@veroniabad) March 17, 2025
«Hoy con mis propios recursos, he venido a cumplir con el decreto presidencial. Exijo al Gobierno que se me habilite el nombramiento de Cancillería, para cumplir con los ecuatorianos (…) también exijo los instrumentos y herramientas necesarias» para el cargo, dijo Abad.
Los conflictos entre Abad y Noboa comenzaron desde finales de 2023, cuando el jefe de Estado la designó como embajadora en Israel y luego, en medio del conflicto en Gaza, le indicaron ejercer esas mismas funciones desde Türkiye.
La demora en el traslado de Tel Aviv a la capital turca derivó en un proceso administrativo que conllevó a la suspensión de sus funciones por el Ministerio del Trabajo, sin embargo, la jueza Nubia Vera echó abajo la sanción y ordenó que retomara el puesto, lo cual no ha sido posible.
Según Abad, esa persecución política en su contra, que denunció ante varias instancias, tenía el objetivo de impedirle ocupar la jefatura del Gobierno mientras Noboa hacía campaña por la reelección durante la primera vuelta de los comicios, como indica la normativa vigente.
En ese periodo, el mandatario designó por decreto a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada hasta que Abad viajara a Türkiye nuevamente, ahora como consejera.
Ante toda esa situación, la vicemandataria denunció un golpe de Estado del propio presidente.
Recientemente, el juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), suspendió los derechos políticos de la vicepresidenta por dos años y le impuso una multa por supuesta violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, un fallo que la defensa apeló.
Por su parte, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó su profunda preocupación por el hostigamiento político, administrativo y judicial contra la vicepresidenta ecuatoriana.
Además, Alsalem declaró que esa situación pone en tela de duda la independencia judicial y la democracia en el contexto electoral.
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