En una carta dirigida a la directora gerente de ese organismo, Kristalina Georgieva, los miembros de UP se opusieron a la suscripción de otro acuerdo y denunciaron que el DNU es incompatible con la normativa vigente pues contradice la Constitución argentina que, en su artículo 75, determina que corresponde al Congreso arreglar el pago de deudas y aprobar o rechazar tratados con organizaciones internacionales.
Se intenta, tal como se hizo en 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, cerrar un pacto sospechoso ya que en el DNU no se establecen montos ni condiciones financieras y mucho menos las condicionalidades y metas que el FMI le fija a Argentina, las cuales quedan cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la nación o establezcan medidas de ajuste todavía más brutales, indica la misiva.
Además, advierte que el FMI y sus autoridades “deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo”.
Nuestra fuerza política no reconocerá ese acuerdo, esa deuda ni los compromisos contraídos. Además, se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad como ya sucedió en 2018, puesto que casi se triplicaría la cuota que le responde a nuestro país, apunta el texto.
Por otra parte, señala que Argentina habrá pagado hacia finales de 2025, por intereses, cargos y comisiones al FMI, aproximadamente 15 mil millones de dólares, por aquel acuerdo fallido 2018.
Todo empeoró desde entonces. La inflación se aceleró (de 30 por ciento a 271), la pobreza y la indigencia crecieron (de 32 y 6,7, respectivamente, a 52,9 y 18,1), la producción se redujo y las cuentas externas tampoco mejoraron, apunta el documento.
La aplicación de las mismas recetas, basadas en políticas de ajuste, atrasos cambiarios y especulación financiera permanente, solo traerán los mismos resultados negativos que sólo podrán ser revertidos con un modelo económico opuesto, que tenga como centralidad la producción, el trabajo nacional y la mejora cotidiana de la calidad de vida de la sociedad, afirma.
Reiteramos que firmar un nuevo acuerdo en clara violación de la legislación vigente, no sólo acarreará su absoluta nulidad, sino que, como fuerza política, no lo reconoceremos como válido y sujeto a obligaciones por el Estado argentino, concluye.
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