En la misma jornada, el Parlamento anunció que el viernes próximo debatirá y votará las cuatro mociones que coinciden con la censura (virtual destitución) del titular, Juan José Santiváñez, que podrían consolidarse en una de consenso, pues cada una agrega a la censura otros planteamientos.
La jefa de Estado encabezó un acto referido a un programa gubernamental de obras o servicios para la seguridad ciudadana, propuestas por empresas y cuyo costo, de aprobarse el proyecto, se descontará del pago de impuestos.
Boluarte hizo un recuento de detenciones y otros resultados de la acción de la Policía, algo que suele hacer Santivañez, a quien la presidenta ha respaldado ante los diversos problemas y conflictos con la prensa y autoridades del sistema de justicia.
Expresó sus condolencias a la familia del cantante Paul Flores, cuyo asesinato por sicarios, el domingo último, detonó la indignación general, recogida por la prensa y cuya magnitud obligó a bancadas congresales a cesar su apoyo constante a Santiváñez.
También insistió en que la pena de muerte sea debatida para quienes cometan violaciones con muerte de la víctima, porque no hay posibilidad de que se rehabiliten en prisión y negó que sea una maniobra distractiva, una cortina de humo o un intento de mostrar energía ante el crimen, como afirman sus críticos.
Culpó del problema de la delincuencia a un presidente que abrió las fronteras a migrantes, alusión al neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó entre 2016 y 2018 y renunció al verse envuelto en un escándalo de corrupción política.
Convocó por otro lado a la unidad contra la delincuencia y argumentó que “solo a través de la unidad lograremos superar los objetivos que queremos”.
Hizo el llamado al día siguiente de publicarse una encuesta de la empresa Datum, en la que su administración es desaprobada por 93 por ciento de los consultados 80 por ciento no cree su afirmación de ser víctima de acoso político por la prensa opositora y la Fiscalía, que la investiga siete casos de posibles delitos.
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