La Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico aseguró que Melvin E. Rivera-Oliveras, de 40 años, dirigía la empresa Rossy Sport Bar Panorámico, LLC, que también fue acusada por su participación en el esquema de fraude bancario.
Según documentos judiciales, Rivera-Oliveras ejecutó entre 2020 y 2022 un plan y artificio para defraudar a varias instituciones financieras con seguro federal en Puerto Rico.
Rivera-Oliveras intentó realizar reembolsos fraudulentos por más de siete millones de dólares utilizando múltiples tarjetas de débito en diversas empresas que dirigía y operaba.
Después de adquirir sistemas de puntos de venta (POS), el empresario realizó transacciones de reembolso fraudulentas y pudo obtener acceso temporal a los fondos y gastar una parte que no le pertenecía.
En julio de 2022, Rivera-Oliveras presentó transacciones fraudulentas para intentar obtener más de 270 mil dólares mediante reembolsos fraudulentos con una tarjeta de débito asociada a Rossy Sport Bar Panorámico, otra empresa que dirigía.
Con el producto de estos delitos, el empresario adquirió varios vehículos, entre ellos un Cadillac CTS, un Ford Transit Connect XL y un Mercedes Benz Clase C, además de realizar múltiples transacciones bancarias por más de 10 mil dólares.
“El acusado creó y ejecutó un complejo plan para defraudar a bancos y empresas”, declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, quien felicitó a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a las fuerzas del orden que descubrieron esta red de transacciones financieras ilegales.
El agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Devin J. Kowalski, declaró que “estos delitos afectan gravemente la confianza pública y la estabilidad financiera”.
“El fraude bancario no siempre deja a la víctima con los bolsillos vacíos, pero no se equivoquen: erosiona los mismos sistemas que sustentan nuestra economía”, declaró Kowalski.
De ser hallado culpable, Rivera-Oliveras enfrenta penas de hasta 30 años de prisión por fraude bancario y electrónico; y hasta 10 años por lavado de dinero.
La Oficina Federal de Investigaciones está a cargo del caso, así como la fiscal federal adjunta Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.
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