Mediante un comunicado, la entidad señaló las acciones del Ministerio Público, el juez Jimi Bremer y la Sala Primera de Apelaciones, quienes han limitado el acceso a las audiencias en base a un informe elaborado.

Este recopila publicaciones de medios de comunicación y redes sociales, las cuales sirven de justificación para restringir la cobertura periodística, describió en el texto.

Tales acciones violan los principios de transparencia y divulgación fundamentales en un Estado democrático y constituyen un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada, subrayó la APG.

Consideró que las restricciones impuestas no solo afectan el ejercicio periodístico, sino que también devienen mecanismo de intimidación hacia los medios de comunicación y reporteros.

Además, precisó, vulneran el artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libre emisión del pensamiento y el acceso a la información.

La APG reiteró que la divulgación de los procesos judiciales es esencial para garantizar la fiscalización social y la transparencia en la impartición de justicia.

La opacidad y el secretismo solo fomentan la desconfianza en las instituciones y debilitan el Estado de derecho, afirmó.

Llamó a las autoridades correspondientes a que respeten los derechos fundamentales de la prensa y cesen las acciones que buscan censurar e intimidar a los periodistas.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante las violaciones a la libertad de prensa en este territorio centroamericano.

Analistas locales presentan la causa contra González, capturada a fines de agosto de 2023, como una maniobra de persecución política por su labor al frente de la Comisión.

Ese organismo, respaldado por las Naciones Unidas, actuó de 2006 a 2019 y expuso a grupos criminales vinculados con el Gobierno y acusó a 700 personas, incluido el expresidente (2012-2015) de esta nación, Otto Pérez Molina.

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