Los especialistas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) incluyen entre esos territorios peligrosos los del sector conocido como Quemaderos y los aledaños al borde del cráter, cuyas frecuentes erupciones tomaron más fuerza en las últimas horas y provocaron la declaración de una “Alerta Naranja” por las autoridades.
Las erupciones del Poás –añadió el diario- ascendieron el sábado, cuando el volcán registró la mayor desde que inició su actividad geológica en enero, ahora con columnas de cenizas que subieron hasta 1000 metros y llegaron hasta los límites del mirador del Parque y sus senderos y plazoletas aledaños.
El Minae llamó a la población a evitar las referidas incursiones fuera de la ley hacia el Parque Nacional Poás, que centra la actividad turística de esta formación geológica en la septentrional provincia de Alajuela y permanece cerrado de forma temporal desde el 26 de marzo, a causa de las expulsiones de gas tóxico y rocas incandescentes.
La clausura de la instalación fue decidida por las autoridades para salvaguardar la vida de visitantes y de los guardaparques que se mantenían en el lugar.
El Minae pidió, además, denunciar a empresas o personas promotores de tours en redes sociales a sitios no autorizados dentro de parques nacionales como el Poás, acción considerada un negocio ilícito que pone en riesgo a los turistas comprendidos en esos servicios.
La cartera explicó que las áreas silvestres protegidas son declaradas restringidas sobre la base de criterios técnico-científicos y de acuerdo con la legislación y las herramientas técnicas de manejo dentro del país y mediante convenios internacionales.
El criterio para declarar las regiones próximas a volcanes como zonas restringidas de máxima protección y de mínima intervención humana, obedecen a que que son áreas de alto riesgo por su topografía y exposición a la actividad eruptiva, lo cual convierte su posible rescate en eventual emergencia.
Esas medidas restrictivas también responden a que son áreas de alta fragilidad ecológica y geológica donde se protegen ecosistemas y elementos frágiles a la intervención humana.
Los accesos ilegales a dichos territorios son penados mediante el artículo 58 de la Ley Forestal número 7575, que impone prisión de tres meses a tres años a quien ”invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo.
Las alertas en Costa Rica proceden del código del sistema ferroviario de 1985, por lo que la verde significa “información”, la amarilla “preparación”, la naranja “movilización o contención” y la roja “evacuación y respuesta”.
/apb





