Tres letrados en representación de organizaciones sociales de El Salvador, agrupadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), presentó a querella contra la decisión del Gobierno de recibir y encarcelar en una prisión de máxima seguridad a emigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos.

La recepción por el estado de los ciudadanos venezolanos es ilegal, viola leyes nacionales y tratados internacionales que regulan el respeto a la vida, la libertad y la dignidad humana, precisó el documento presentado a la Corte Suprema de Justicia.

En la demanda exigimos que se declare inconstitucional los actos del Órgano Ejecutivo respecto a la recepción de ciudadanos venezolanos provenientes de los Estados Unidos de América para guardar prisión en este país a cambio de un pago o beneficio económico, subrayó el BRP en un comunicado.

Asimismo demandan a los órganos de justicia la liberación e inmediata repatriación de ‘las personas retenidas de manera indebida y que están sufriendo una discriminación por el simple hecho de ser migrantes’, en referencia a los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en este país.

El Bloque denunció además la violación de los derechos fundamentales de dichos migrantes, presos sin haber sido juzgados por ningún tribunal, y en muchos casos sin pruebas de participación en delitos.

La Sala de lo Constitucional debe resolver de acuerdo a la misma carta magna del país en la cual en varios artículos abordan la ilegalidad de esta medida, añadieron los demandantes.

El BRP denunció que el acuerdo suscrito por el Gobierno salvadoreño con Washington no cumple los requisitos de forma para la implementación de tratados internacionales, establecidos en los artículos 144 y 145 de la Constitución.

Los 238 primeros venezolanos llegaron al país en la oscuridad el pasado 15 de marzo, y de inmediato fueron trasladados al Cecot, donde fueron encarcelado en condiciones infrahumanas, sin juicio previo ni condena, señalaron las fuentes.

En días recientes el gobierno en Caracas condenó la acción, calificándola de ‘secuestro’, y anunció que hará todo lo necesario ante los organismos internacionales para garantizar el retorno de sus compatriotas.

Concluye la demanda de los abogados que “como efecto a la declaratoria de inconstitucionalidad dichos ciudadanos venezolanos retenidos en El Salvador a cambio de un pago o beneficio económico por el gobierno de los Estados Unidos de América deben ser devueltos a su país de origen respetando su derecho de repatriación”.

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