Al iniciarse la audiencia, Castillo volvió a negarse a dar su nombre y otros datos personales, a lo que ayer agregó su negativa a someterse al juicio, al que calificó como “un mamarracho”.

La directora de debates de la corte, Norma Carbajal le llamó la atención y lo acusó de faltar el respeto al tribunal, a tiempo de advertir que en adelante solo podrá hablar sobre temas judiciales.

El abogado de Castillo, de oficio porque el exmandatario no lo acepta, manifestó extrañeza porque no se le dio la palabra al acusado, y pidió se le informe qué norma autoriza a silenciarlo.

Carbajal señaló que el expresidente plantea reiteradamente “posiciones que es entendible que tenga como acusado, pero lo que no se permite es el agravio a los tribunales” y a ella, por lo que dijo que en adelante solo podrá hablar sobre temas judiciales.

En la audiencia de ayer, el exgobernante dijo que “Quienes deberían estar en el banquillo son quienes apuntaron con metralletas a una familia indefensa y contra la voluntad popular” y calificó el juicio como “mamarracho”.

Uno de los policías que lo acompañaba cuando fue detenido, confirmó que los agentes que lo cercaron cuando se dirigía a la Embajada de México, tras su intento de disolver el Parlamento, rodearon el automóvil presidencial apuntando con sus armas, lo que motivó miedo y llanto de la pequeña hija de Castillo.

El exmandatario ha impugnado a Carbajal quien, como jueza, ha rechazado recursos del acusado antes del juicio por lo cual el expresidente sostiene que ha incurrido en adelanto de opinión y debería inhibirse de juzgarlo.

Durante la semana hubo también crispación e incidentes, llamadas de atención de los jueces a acusados y abogados, así como quejas de letrados y seguidores de Castillo que consideran que el tribunal cuestiona con frecuencia a la defensa y no permite que interroguen con dureza o ironía a los testigos de la Fiscalía.

La semana registró además la renuncia de la fiscal del caso, Galinka Meza, lo que desató diversas interpretaciones, como la posibilidad de que la posición del Ministerio Público se debilite, pero Meza la descartó y dijo que solo dimitió por motivos personales.

El exmandatario fue encarcelado y cesado en diciembre de 2022 por intentar la disolución del Parlamento y la intervención en los órganos de justicia y es acusado de rebelión, por haber ordenado el cierre del Congreso.

Sin embargo, su defensa alega que el delito de rebelión consiste en alzarse en armas colectivamente, algo que no hizo Castillo, según sus exabogados le aconsejan que ejerza su defensa por esa ruta y no por la de rechazar el juicio.

La Fiscalía pide para el maestro rural, que solo gobernó durante menos de 17 meses, una condena de 34 años de cárcel y penas menores para sus co-acusados, los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, el extitular del Interior Willy Huerta y tres oficiales de Policía.

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