En un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no da más detalles de una nueva prórroga, se señala que el visto bueno final de Managua nunca llegó, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada, por lo que el exgobernante se mantendrá en la embajada del país centroamericano en esta capital, donde permanece desde febrero de 2024.

El mensaje de la diplomacia enfatiza más adelante que esta situación no afecta el reconocimiento del asilo diplomático que le ha sido concedido al exgobernante de 73 años, hecho que permanece en vigor y es respetado por Panamá, en cumplimiento de los deberes internacionales y de respeto a los derechos humanos.

En julio de 2023, Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales en el caso New Business, por la compra de una editora privada con recursos públicos. Por esa razón fue inhabilitado como candidato presidencial para comicios generales en mayo de 2024 y desde el 7 de febrero de ese mismo año encontró refugio en la embajada nicaragüense en esa capital, en la que aún permanece.

La situación del exmandatario estuvo en suspenso desde que el pasado lunes la cancillería anunciara que extendía por 72 horas el permiso de salida, luego que la diplomacia del país receptor observara la imposibilidad de acogerlo hasta que Panamá no aclarara una alerta interpuesta ante Interpol, que antes las autoridades panameñas declararon que no existía por improcedente.

El jefe de Estado istmeño, José Raúl Mulino, dijo la víspera en la conferencia de prensa semanal, que aún no se contaba con una decisión de Nicaragua de aceptar a Martinelli, por lo que esperaría el nuevo plazo dado a ese salvoconducto para actuar en concordancia.

El otorgamiento del salvoconducto a Martinelli provocó en el istmo reacciones contrarias.

Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, el beneficio es un golpe al Estado de Derecho y una muestra de la impunidad en Panamá.

También el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, indicó que su expectativa era un permiso para que el multimillonario recibiera atención médica, debido a problemas de salud.

La estadía de Martinelli en la embajada nicaragüense fue cuestionada porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.

La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli, alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.

Martinelli enfrenta en su país natal una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia de Panamá

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