El martes pasado la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento) decidió extender el mandato de las administraciones provisionales dos veces, cada uno por un máximo de un año, en medio de tensiones en la región de Tigray, además de transferir ese poder de decisión al presidente del órgano legislativo.

La proclamación limitaba los gobiernos interinos a un mandato de dos años, con una posible prórroga de seis meses si se considera necesario. Un comunicado reconoció que ese plazo no se ajusta a la realidad actual, enfatizando que resolver problemas políticos y de seguridad extremadamente complejos requiere flexibilidad.

Al poner de ejemplo lo ocurrido en la región de Tigray (norte), precisó el texto que después de ese periodo no fueron creadas las condiciones para establecer un gobierno regional regular mediante elecciones.

La enmienda surge tras las declaraciones del primer ministro Abiy Ahmed a los legisladores el mes pasado en las que expresó su convicción de que la Administración Provisional tigrayana, cuyo mandato expiró recientemente, se extendería por un año más. También indicó que podría haber cambios en su liderazgo.

Después del establecimiento de la administración interina, como parte del Acuerdo de Cese de Hostilidades de Pretoria (COHA) firmado entre el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y el gobierno federal en noviembre de 2022, fue nombrado presidente a Getachew Reda.

Pero, desde junio pasado, una ruptura dentro del TPLF entre Debretsion Gebremichael, líder de una facción del partido que solicita la destitución de Reda, perturbaron las operaciones de la administración.

Las tensiones se intensificaron recientemente cuando Reda suspendió a tres altos mandos militares, una medida rechazada por la Oficina de Paz y Seguridad de la región, argumentando que violaba los «procedimientos legales».

Según la administración interina, los generales fueron acusados de acciones que podrían «arrastrar a la región a un conflicto interno».

Reda, quien lleva tres semanas en Addis Abeba, solicitó la «asistencia necesaria» del gobierno federal, una acción rechazada por Gebremichael al considerar la vinculación de terceros una amenaza para el COHA.

La semana pasada, el jefe de gobierno etíope confirmó la salida de Reda de su cargo e instó a la población de Tigray a participar en la nominación de candidatos para el nuevo presidente de la administración interina.

Por otra parte, el Servicio de Comunicación Gubernamental (GCS) declaró que el 2 de abril marcó un hito histórico para Etiopía tras el inicio de reformas gubernamentales sin precedentes hace siete años.

El ministro del GCS, Legesse Tulu, destacó que este día representa el comienzo de una transformación para la nación en los ámbitos político, económico, social y diplomático, citado en un comunicado divulgado en redes sociales.

Tulu subrayó que la fecha sirvió para reforzar la unidad nacional y reducir los riesgos de fragmentación, a menudo asociados a las diversas identidades del país africano.

Mencionó el notable progreso en sectores como la manufactura, la minería, el turismo, la hostelería, el desarrollo urbano y de infraestructuras, así como la economía digital.

Mientras, fuentes desde el Parlamento recordaron que antes de la reforma gubernamental el país sufría de un espacio democrático y leyes con restricciones que obstaculizaban la gobernabilidad democrática.

La revisión y cambios en esas normativas, como enmiendas a la Junta Electoral Nacional, Medios de Comunicación, Derechos Humanos, entre otros, fomentaron un entorno político más abierto e inclusivo.

Sobresalen también la creación de instituciones de justicia eficientes y creíbles, desde investigaciones penales hasta procedimientos judiciales, que defiendan la dignidad humana y la ética profesional y observen los avances significativos a través de la modernización impulsada por la tecnología.

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