Con un plantón en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, exigieron garantías para sus funciones.
“No más abandono para los agentes penitenciarios. ¿Cuántos más tienen que morir para ser escuchados?”, decía una de las pancartas exhibidas en la protesta, donde pedían al Ejecutivo “No más muertes” y “Noboa, escucha, el agente está en la lucha”.
William Alarcón, uno de los guías penitenciarios participantes, solicitó que aumenten el personal de las cárceles y los doten del equipamiento necesario para enfrentar la inseguridad.
En 2024 hubo 20 funcionarios penitenciarios asesinados, incluidos dos directores de prisiones, y en lo que va de 2025 ya suman 11 crímenes, cinco de ellos en la última semana.
A eso se suma que el pasado viernes 4 de abril, el edificio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en Quito, fue baleado.
Medios locales indican que los manifestantes fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Gobierno para hallar una solución a sus peticiones.
El asesinato de los agentes está relacionado con la crisis de seguridad que sufre Ecuador, donde las cárceles son epicentro de esa problemática.
Los centros de privación de libertad en esta nación sudamericana están bajo control de los militares desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno para enfrentar a los grupos criminales.
Más de 500 reclusos murieron entre 2021 y 2024 como consecuencia de masacres y motines atribuidos a las disputas de bandas criminales por el control de las prisiones.
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