El TSE, de competencia exclusiva y excluyente para preservar la pureza de los sufragios, respondió así a una denuncia contra el gobernante presentada por el politólogo y aspirante presidencial Claudio Alpízar, por presuntas manifestaciones y uso de recursos públicos con fines político-electorales, añadió el periódico Delfino.cr.

La máxima institución comicial impuso también a Chaves una medida cautelar que prohíbe al mandatario realizar manifestaciones contrarias a la imparcialidad de las autoridades gubernativas respecto a la actividad comicial, exigida por la Constitución.

El texto de la medida, por otro lado, contempla un apercibimiento directo al mandatario para que se abstenga de realizar manifestaciones o actos que puedan comprometer la imparcialidad que la Constitución exige a las autoridades gubernativas frente al proceso electoral en curso.

La autoridad presidencial –recuerda la resolución- tiene prohibido utilizar recursos públicos de cualquier naturaleza para incidir en la libre determinación de los votantes.

Lo anterior implica que el gobernante no podrá, hasta tanto se resuelva el recurso, realizar manifestaciones que puedan beneficiar o perjudicar a partidos, precandidaturas, candidaturas o movimientos políticos de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026.

El recurso de amparo electoral aplicado contra Chaves constituye -según la definición de los magistrados- “un mecanismo procesal cuya finalidad es la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos, frente a situaciones concretas de amenaza o lesión a tales derechos”.

Las medidas anunciada este miércoles por el TSE contra Chaves siguieron a la acusación divulgada este lunes por el fiscal general contra el presidente Chaves y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, por un cargo de presunta concusión, según medios locales.

El líder del Ministerio Público presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia y pidió también suprimirles a ambos gobernantes la inmunidad por el supuesto delito, vinculado a la contratación de 405 mil 800 dólares para una estrategia de comunicación en la Casa Presidencial, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La acusación está basada en el artículo 355 del Código Penal, que define como concusión el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual implica penas de hasta ocho años de prisión, añadió el periódico El Mundo.cr.

El pliego acusatorio fue entregado a la Secretaría General de la Corte Plena bajo el expediente 25-000019-0033-PE, para que los magistrados evaluaran trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, órgano competente para levantar la inmunidad (desafuero) de los dos gobernantes y también diputados, agrega, por su parte, el periódico Delfino.cr.

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