sábado 13 de diciembre de 2025

Gobierno tico rechazó acusación penal y medida del TSE contra Chaves

gobierno-tico-rechazo-acusacion-penal-y-medida-del-tse-contra-chaves
San José, 9 abr (Prensa Latina) El gobierno costarricense rechazó hoy la acusación de la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves por un presunto delito de concusión.

Igualmente, desestimó una medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el mandatario.

El gobernante dio a entender en un Consejo de Gobierno este miércoles en la ciudad norteña de Atenas que no acatará la disposición del Ministerio Público, mientras la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, lanzó un ataque frontal contra esa instancia, precisó el diario Delfino.cr.

Ambos gobernantes desestimaron la denuncia del fiscal general Carlo Díaz por concusión, vinculada a un contrato por 405 mil 800 dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para una estrategia comunicacional en la Casa Presidencial, añadió la fuente.

El Poder Ejecutivo –comentó Delfino.cr- respondió con virulencia a la acusación penal presentada contra Chaves por concusión, y ante la medida cautelar que lo llama a abstenerse de actos que comprometan la imparcialidad de las autoridades gubernativas en el proceso electoral de 2026”.

Chaves y Bogantes insistieron en desacreditar, además, la aplicación contra Chaves por el TSE de la citada medida cautelar, basada en un proceso de amparo electoral interpuesto por el legislador Claudio Alpízar Otoya.

La resolución de esa instancia comicial ordena a Chaves abstenerse de incidir, con recursos públicos o declaraciones, en favor o en contra de actores políticos con miras a las elecciones de 2026.

Las medidas anunciadas este miércoles por el TSE contra el Presidente siguieron a la acusación divulgada el lunes por el fiscal general contra él y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

El líder del Ministerio Público presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia y pidió también suprimirles a ambos gobernantes la inmunidad.

La acusación de Díaz está basada en el artículo 355 del Código Penal, que define como concusión el abuso del cargo por un funcionario para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, lo cual implica penas de hasta ocho años de prisión.

rc/apb

MINUTO A MINUTO
relacionadas
EDICIONES PRENSA LATINA
Copy link