«No predico la violencia, pero voy a ser honesto. Si tiene (Lula) un ataque al corazón, yo estaré feliz. Si él tiene un derrame cerebral, y va al quinto infierno, yo estaré feliz», declaró este martes el parlamentario durante una sesión en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Da Federal, afiliado al Partido Liberal, el del exmandatario Jair Bolsonaro, admitió que la PF estará en la puerta de su casa, pero «no tengo miedo. Pero no estoy predicando la violencia, no voy a matar al tipo, estoy diciendo que, si tiene un infarto, me importa un bledo», recalcó.

Según la AGU, las declaraciones pueden constituir delito de incitación al crimen y amenaza. Además, pueden no estar protegidas por la inmunidad parlamentaria.

«Hay que verificar, aún (…), si tales manifestaciones exceden o no los límites de la inmunidad parlamentaria, según el artículo 53 de la Constitución Federal», la cual no protege manifestaciones que configuren delitos contra el honor o incitación a la violencia, refiere el documento.

El legislador es relator de un proyecto que prohíbe el uso de armas de fuego por los agentes integrantes de la seguridad personal del presidente de la República y de sus ministros de Estado.

Tal propuesta fue aprobada por 15 votos a favor y ocho en contra, además de una abstención.

De acuerdo con el texto, «queda prohibido el uso de armas de fuego por los agentes integrantes de la seguridad personal del Presidente de la República y de sus ministros de Estado, aunque en actividades que impliquen la seguridad inmediata de dichos dignatarios».

En la reunión, Paulo Bilynskyj, presidente da comisión y pro-armamentista, afirmó que el proyecto trae una nivelación en el debate sobre acceso a armas en el país.

Argumentó que la actuación de la seguridad presidencial y ministerial debe «estar de acuerdo con la ideología del actual mandatario, que no ve en las armas de fuego algo beneficioso para la sociedad».

Lula está en contra de la ampliación del acceso a los ingenios bélicos y, en su gestión, modificó reglas creadas en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) que facilitaban la cuestión.

Todavía la propuesta necesita el aval de la Comisión de Administración y Servicio Público y de la Comisión de Constitución y Justicia.

Por trámite concluyente, si es aprobado el contenido en los colegios, podrá proceder directamente al análisis del Senado.

mem/ocs