Desde el amanecer, grupos de choferes con carteles que demandaban el fin de lo que llaman “sistema criminal”, se ubicaron a lo largo de las principales rutas, para verificar la unanimidad de la paralización o imponerla sin violencia a los pocos conductores informales que circulaban con pasajeros.

En el lado norte de la ciudad, hubo incidentes cuando la Policía impedía la acción de los activistas de la huelga contra los conductores de pequeños vehículos de pasajeros y táxis que transitaban con pasajeros.

El jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, Óscar Arriola, dijo a primera hora que 13 mil agentes fueron desplegados en las principales vías para cuidar el orden.

Las escuelas estatales y diversas universidades cerraron sus puertas y dictaron clases por video-conferencias, y el Ministerio de Trabajo orientó una tolerancia de dos horas de tardanza en el ingreso a los centros de trabajo u optar por el tele-trabajo.

Solo el tren eléctrico, el Metropolitano -servicio municipal con ruta exclusiva-, y 22 autobuses de la Policía Nacional transitaron repletos de pasajeros, atendiendo una minúscula parte de la demanda normal de transporte.

Hasta la pasada medianoche, el ministro del Interior, Julio Díaz, intentó sin éxito persuadir a los dirigentes de los transportistas de suspender la paralización.

El más notorio dirigente de los transportistas, Marín Valeriano, dijo al respecto que Díaz solo hizo las mismas promesas oficiales planteadas tras otro paro de transportistas, en septiembre de 2024.

Horas antes, en el informe diario de las operaciones policiales contra la delincuencia, la presidenta Dina Boluarte, aseguró a los choferes, sin mencionar el inminente paro, que “estos días de terror van a acabar más pronto de lo que imaginan” y los asesinos de choferes serán capturados..

En las primeras horas del día, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, reconoció el derecho de los transportistas a protestar y paralizar el servicio, ante las acciones criminales, que han dado muerte a 16 conductores en lo que va del año.

Acotó sin embargo que la acción de los conductores no es la manera adecuada de reaccionar, ocasiona pérdidas económicas y no ayuda a la lucha contra la criminalidad.

Anoche, en una maratónica interpelación a la que fue sometido con virulencia por el Parlamento, Adrianzén negó la opinión generalizada de los congresistas, de que la política gubernamental contra la criminalidad ha fracasado.

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