Según apuntó en su cuenta de la red social X, la apuesta de su administración consiste en pagarles a los campesinos que quieran erradicar esos cultivos de manera voluntaria y sustituirlos por otros con fines lícitos.

Añadió que se les titulará la tierra a los trabajadores agrícolas decididos por esta opción y que también se les financiará si se llegaran a necesitar más mano de obra para limpiar los terrenos de coca.

El gobernante insistió en que la iniciativa del Gobierno busca eliminar de manera manual las plantas, lo cual calificó como más definitivo y sano que fumigar hojas y tallos.

“Este programa, por acuerdos con el campesinado y por acuerdos con grupos armados en desmovilización, ya alcanza más de 30 mil hectáreas este año, y sigue avanzando. De acuerdo a la sentencia de la Corte, solo después de cumplirle al campesinado de la región, se evaluará otro tipo de acción para cultivos industriales”, planteó el presidente.

Remarcó que el eje central de la lucha contra el narcotráfico consiste en la incautación de grandes cargamentos de cocaína en tierra o mar, la captura de grandes capos y la persecución mundial de sus fortunas.

Petro se ha pronunciando en múltiples ocasiones contra la aspersión aérea del compuesto químico.

El debate acerca de la posibilidad de volver a usar glifosato para eliminar campos de coca surgió ayer, tras un pronunciamiento de ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario abundó hoy sobre los comentarios realizados la víspera, y aseveró que la fumigación con el mentado herbicida solo se haría si hay concertación con la comunidad.

Se va a hacer solo si el campesino decide erradicar voluntariamente y acelerar el proceso hasta siete veces más rápido, declaró en entrevista a Blu Radio.

“Si el campesino dice que no, pues no se usa. El proyecto apunta a una sustitución de cultivos ilícitos con erradicación voluntaria”, sentenció el titular.

Las fumigaciones con glifosato para destruir las plantaciones de coca se suspendieron por razones sanitarias en 2015 en el país y se volvieron a autorizar bajo determinadas condiciones a partir de 2020.

La discusión sobre su empleo surge en medio de temores de que en septiembre de este año el gobierno de Estados Unidos retire a Colombia la certificación que ese país entrega asociada a la lucha contra las drogas.

Esa medida implicaría la suspensión de hasta el 50 por ciento de la asistencia exterior conferida por Washington, y su oposición a la concesión de préstamos por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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