El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, designó el martes pasado como administrador jefe interino de ese estado regional en el norte del país a Tadesse Worede, tras concluir el mandato de dos años de Getachew Reda recientemente.

Ahmed, en su cuenta de la red social X, reveló que durante el último mes realizaron amplios debates considerando la Constitución, el Acuerdo de Pretoria y las perspectivas de la comunidad diplomática sobre la situación en ese territorio.

Subrayó que, con la conclusión de que un gobierno de transición debe continuar, con responsabilidades clave pendientes tras el fin del mandato de Reda, de conformidad con la ley, seleccionaron a Worede como la persona más adecuada para liderar la siguiente fase y alcanzar sus objetivos.

Destacó que el nuevo administrador, quien fue segundo de Reda durante los últimos dos años, “comprende perfectamente tanto las fortalezas como las deficiencias de la administración anterior, y muchos creen que está bien posicionado para guiar a Tigray en esta crucial transición”.

Expresó la esperanza de que la nueva administración tigriña aproveche esta oportunidad histórica para ayudar a su pueblo a hacer realidad las aspiraciones de paz y desarrollo, al igual que el resto del país, y, al hacerlo, contribuir significativamente a Etiopía y a África en su conjunto.

La víspera, el jefe de gobierno africano nombró a Reda asesor para Asuntos de África Oriental con el título de ministro y cuyas funciones entraron en vigor en el momento del anuncio.

Por otra parte, el miércoles pasado el Consejo de Inteligencia y Seguridad Nacional etíope confirmó que las reformas implementadas muestran avances mensurables en el restablecimiento de la paz, fortalecimiento de instituciones estatales y un posicionamiento firme del país en asuntos regionales y globales.

La reunión presidida por el primer ministro analizó la situación nacional, regional y global, además de definir directrices para abordar las amenazas emergentes, según una declaración final divulgada.

Reveló el comunicado mejoras en la seguridad pública en diversas partes, mientras que, en la región de Tigray, el Acuerdo de Paz de Pretoria facilitó el restablecimiento de los servicios públicos, la reanudación de las actividades económicas y sociales y la rehabilitación de las infraestructuras.

En el caso de los estados de Amhara y Oromia, la reintegración de exmilitantes, el fortalecimiento de la aplicación de la ley y de las estructuras de seguridad contribuyeron a una mayor estabilidad. Asimismo, la circulación de mercancías y personas mejoró y fueron retomadas las actividades económicas planificadas.

Sin embargo, el Consejo advirtió que los grupos armados y las redes conspirativas siguen planteando desafíos e identificó en categorías de actores a quienes persiguen fines políticos mediante la violencia y la delincuencia, a los que colaboran con adversarios internos y externos para perturbar la gobernanza y manipular la economía.

Estos grupos, junto a las personas que lanzan campañas de desinformación a través de los principales medios de comunicación y las redes sociales, se aprovechan de las instituciones jurídicas y religiosas, instrumentalizan las dificultades económicas y utilizan la propaganda para fomentar el malestar.

Al respecto, se ordenó a las instituciones federales y regionales intensificar la aplicación de la ley, fortalecer la conciencia pública y garantizar la rendición de cuentas por medios legales, entre otras acciones.

Reafirmó la firme disposición del gobierno para resolver las diferencias mediante el diálogo político pacífico, señalando que un número creciente de militantes opta por la reconciliación.

Asimismo, el compromiso de proteger los intereses soberanos, incluyendo el acceso a las rutas marítimas, a través de los canales diplomáticos y legales.

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