Un total de 13 mil 407 hectáreas fueron afectadas por esos siniestros, aunque los datos son comparativamente inferiores a los registrados en el mismo periodo de 2024, cuando las autoridades notificaron dos mil 237 igniciones.

En la nación centroamericana, este tipo de catástrofe representa una grave amenaza ambiental, especialmente durante la temporada seca, que coincide con el verano (febrero a mayo).

Como consecuencia de la tala ilegal y los incendios, Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 60 mil hectáreas de áreas boscosas.

De acuerdo con estadísticas oficiales, más del 90 por ciento de esos siniestros son causados por el ser humano, pues no se ha logrado un control efectivo del fuego, que a menudo se propaga hacia las montañas.

Estos se desencadenan cuando numerosos campesinos suelen perder el control al quemar terrenos con el fin de preparar la tierra para cultivos, o por acciones intencionales de “criminales del bosque”, sostienen organizaciones defensoras del medio ambiente.

Para mitigar estas igniciones, el ICF ejecuta acciones en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, aunque la colaboración de las comunidades es esencial para prevenir y controlar las mismas.

Los incendios forestales castigan con particular fuerza a los departamentos (regiones) de Francisco Morazán (Tegucigalpa y Comayagüela), Choluteca, El Paraíso, Olancho y Ocotepeque.

“Hay un 98 por ciento de impunidad en los delitos forestales”, denunció la víspera el ministro director del ICF, Luis Soliz, quien advirtió sobre la urgencia de tomar acciones para evitar la reincidencia de estos ilícitos cada año.

Ante la impunidad, es necesario endurecer las penas contra los pirómanos para que respondan ante la justicia, afirmó.

El funcionario demandó la articulación inmediata de otras instituciones como la Procuraduría General, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Dirección Policial de Investigaciones para identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos actos que calificó de “ecocidios”.

Necesitamos una respuesta coordinada del Estado, porque defender el bosque es defender la vida, aseveró Soliz.

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