Esta medida, propuesta por la Comisión Europea y aún pendiente de aprobación por parte del Parlamento y los Estados miembros, busca reducir la duración de los procedimientos de solicitud de asilo a un máximo de tres meses para los ciudadanos de estos países.

Ello, según lo informado, bajo la presunción de que sus gobiernos cumplen con ciertos estándares de seguridad y derechos humanos.

La lista inicial también incluye a Kosovo, Bangladesh, Egipto e India, además de los países del Magreb y otros candidatos a la adhesión a la UE, como Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Ucrania y Moldavia.

La propuesta contempla que los procedimientos para los solicitantes provenientes de estas naciones sean más rápidos y que, en la mayoría de los casos, las solicitudes sean rechazadas de manera más eficiente.

Esto último responde a la presión de algunos Estados miembros para reducir las llegadas irregulares y las solicitudes de asilo.

Si bien la lista busca facilitar la gestión migratoria, ha generado críticas por parte de grupos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que la clasificación como país seguro pueda ser utilizada para negar derechos fundamentales a ciertos solicitantes.

Sobre todo, refieren, en contextos donde la situación política o social en estos territorios pueda variar; además, esa enumeración es dinámica y puede ser revisada, lo cual permite la exclusión de Estados si su situación deteriora o si incumplen los criterios establecidos.

Este paso refleja una tendencia hacia políticas migratorias más restrictivas en la UE, en un contexto de creciente presión para controlar las migraciones irregulares y acelerar las deportaciones.

La inclusión de países como Türkiye, que también está en proceso de adhesión, y otros del Magreb y Asia, evidencia el interés de la UE en externalizar y simplificar los procesos de retorno y asilo.

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