Este miércoles, el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen, que llegó al país para tratar de ver al detenido y gestionar su regreso a Estados Unidos, dijo que vendrán más miembros del Congreso a pedir la devolución del reo, ante infructuosas gestiones incluida una entrevista con el vicepresidente Félix Ulloa.

«Desconozco su estado, precisamente por eso quería reunirme con él directamente. O sea, esta es una prisión de mala reputación», dijo el parlamentario en declaraciones durante una rueda de prensa.

Señaló que las cortes estadounidenses no tienen pruebas de que el salvadoreño haya pertenecido a pandillas. «De hecho, un juez de inmigración encontró hace varios años que su vida estaría en peligro si él retornara de nuevo a El Salvador», dijo.

En sus declaraciones manifestó que el alto funcionario le dijo que “la administración Trump está pagando al gobierno de El Salvador para mantenerlo en el CECOT”.

“El vicepresidente me dijo que se tenía que hacer varios arreglos previos para poder entrar al CECOT…Me dijo que no estaba dentro de sus posibilidades que eso sucediera y dijo que necesitaba más tiempo, entonces, yo le pregunté que si regreso la próxima semana sí voy a poder hablar con el señor Ábrego García y me dijo que esto tampoco lo podía prometer”, precisó el político demócrata.

Teniendo en cuenta las negativas del número dos del gobierno salvadoreño, el senador aseveró que el caso de Ábrego García “es una situación injusta y que la administración Trump está mintiendo”.

Ábrego García es residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano.

Según documentos judiciales, el salvadoreño recibió una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación debido al riesgo de persecución en su país natal.

La advertencia de Van Hollen, quien también es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sobre la visita de más miembros del Congreso estadounidense abre la posibilidad de que el caso levante más ronchas con el legislativo de la nación norteña.

Al respecto, el gobierno de El Salvador no se pronunció sobre las implicaciones por el arresto y deportación del nacional, y si esto afectará los planes de convertir a este país en una gran cárcel para delincuentes y asesinos norteamericanos y de otras nacionalidades.

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