La petición fue enviada a la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quien dio un plazo de tres días para que las partes involucradas se pronuncien sobre la solicitud presentada por la fiscal general, Diana Salazar.

La exasambleísta Mireya Pazmiño fue quien puso la denuncia inicial cuando era legisladora en 2023 y su abogado, Washington Andrade, calificó la investigación previa como “larga y lenta”, pero la jueza tramitó la petición fiscal con celeridad.

“Nos ha sorprendido que la jueza despache en tiempo récord, el mismo día. Esto normalmente toma semanas o incluso meses. Sospechamos que existe intención de beneficiar con este dictamen al expresidente y a los otros investigados”, indicó Andrade.

La investigación contra Lasso se remonta a 2023, cuando salieron a la luz irregularidades en contratos entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool.

Un informe de la Contraloría General del Estado, emitido en noviembre de 2021, advirtió que como consecuencia hubo perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, por alrededor de 6,1 millones de dólares, debido al arrendamiento de buques a precios más altos que los ingresos obtenidos.

En aquel momento, gran parte de los asambleístas manifestaron que el entonces mandatario tuvo conocimiento de las irregularidades y no actuó para detenerlas, lo cual fue argumento para un juicio político.

Un día después de su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), Lasso aplicó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, con lo cual disolvió el Legislativo y adelantó su salida del cargo con la convocatoria a elecciones anticipadas.

Según el exgobernante, los contratos investigados fueron firmados antes de su mandato y no pueden atribuírsele responsabilidades sobre actos anteriores a su administración.

Además, de Lasso y su cuñado Danilo Carrera -ya sentenciado en otro proceso por delincuencia organizada-, hay otros cuatro funcionarios implicados en el caso.

Para la Fiscalía, en el caso de Flopec no existen los elementos suficientes que permitan establecer la existencia del delito de peculado, lo cual deberá ser valorado por la jueza y decidir si acoge el pedido o continúa el proceso penal.

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