Se trataba de la adquisición de 15,3 millones de balas, por un costo de 6,5 millones de euros, de cartuchería 9×19 milímetros Parabellum Nato para la Guardia Civil.

El Ejecutivo apuntó que denegará a esta compañía el permiso de importación de este material a España «por razones de interés general».

Desde el Palacio de la Moncloa se indicó que «tras haber agotado todas las vías negociadoras», la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda que encabeza Yolanda Díaz y los ministerios competentes, decidieron poner fin al contrato.

Según las fuentes, la Abogacía del Estado y los ministerios afectados estudian la respuesta a posibles reacciones legales y reclamaciones por parte de la firma israelí.

Desde la oposición y de organizaciones de izquierda como Podemos, se exigió ayer la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al informarse que seguía adelante con la compra de municiones porque de lo contrario había que «abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, que era «necesario».

La vicepresidenta Yolanda Díaz hizo de inmediato declaraciones difundidas en redes sociales, en las que subrayó que Sumar fue claro desde el principio “y lo hemos hecho».

Recalcó asimismo que España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes, y añadió que «nuestro compromiso con los derechos humanos es inamovible».

Con firmeza se pronunciaron la víspera el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y su portavoz en el Congreso de Diputados, Enrique Santiago, con amenazas de salirse de la coalición de Gobierno.

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